Comunicado De La Coordinadora Para La Prevención Y Denuncia De La Tortura Sobre El Informe Del Defensor Del Pueblo En Su Función De Mecanismo Nacional De Prevención De La Tortura

Sin ánimo de ser exhaustivos sobre el mismo, dado el volumen del mismo, más de 200 páginas que merecerán un análisis pormenorizado, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, quiere hacer algunas matizaciones a su contenido y recibimiento por los medios de comunicación, resaltando algunos aspectos de referido informe:

  1. Pese a lo manifestado en el informe, la designación del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se efectuó en contra de las Organizaciones de Derechos Humanos.
  2. Desde su designación, la actividad del MNPT se ha caracterizado por el oscurantismo y la exclusión de las Organizaciones de Derechos Humanos.
  3. El informe obvia la existencia de la tortura en el Estado español, sustituyendo la palabra tortura por eufemismos como “deficiencias estructurales”, “incidentes”… Esta omisión llega al extremo de eliminar la palabra tortura del acrónimo del propio organismo, y así, el informe que estamos examinamos, se refiere a dicho mecanismo como MNP, omitiendo la letra ‘T’ de Tortura.
  4. El informe confirma la falta de voluntad política para prevenir y erradicar la tortura, para la que es imprescindible el reconocimiento previo y sin matices de la existencia de la tortura y/o malos tratos en el Estado español.
  5. Del informe se deduce que los objetivos reales de la Oficina del defensor del Pueblo como MNPT no son los de prevención y erradicación de la tortura en el Estado, sino un lavado de cara de las instituciones españolas ante las reiteradas críticas de los organismos internacionales de Derechos Humanos.

CPDT, 29 de julio de 2011

Ver texto completo

Nota de prensa Defensor del pueblo

Informe anual 2010 MNP

Mecanismo de ocultación de la tortura

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Una respuesta to “Comunicado De La Coordinadora Para La Prevención Y Denuncia De La Tortura Sobre El Informe Del Defensor Del Pueblo En Su Función De Mecanismo Nacional De Prevención De La Tortura”

  1. […] Esto va, lo más rápido que pueda, a la parte final de tu pregunta: el Protocolo Facultativo. Los Estados han asumido una serie de obligaciones de carácter internacional que están para algo, no para decorar la Constitución o los Tratados Internacionales. El Estado se obliga como sujeto de Derecho Internacional que es en la Comunidad Internacional, a asumir los compromisos adquiridos en esos Tratados Internacionales. El Protocolo Facultativo contra la Tortura del año 2002 se añade a la Convención contra la Tortura de la ONU, que es del año 1984. Estados como la Argentina y España lo han ido adoptando, se ha llegado al Estado número veinte hace más de un año atrás y ha entrado en vigor. Por lo tanto en los Estados que son firmantes, como lo es Argentina y España esto ya es Derecho positivo vigente. Este Derecho positivo vigente obliga a que en el plazo de un año desde la entrada en vigor, que ya se ha producido en junio del año pasado, se creen los llamados mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Nosotros pedimos, haciendo nuestra interpretación del Protocolo que los mecanismos de prevención sean los organismos de la sociedad civil, los organismos de Derechos Humanos con una trayectoria acreditada, que tengan una legitimidad acreditada en la lucha contra la tortura. De lo contrario, se pierde absolutamente el valor añadido del Protocolo Facultativo. Es decir, hablando claro, esos organismos de Derechos Humanos que han trabajado con muy pocos recursos, con muchísimas dificultades para poder acceder al interior de los centros de reclusión, etc., pedimos que se les otorgue un carnet, una autorización para poder entrar, como dice la letra de la legislación del Protocolo y la Convención, por sorpresa y sin previo aviso en los lugares de privación de libertad para poder inspeccionar y denunciar. No es que tengan facultades de juzgamiento, de procesamiento. Pero que puedan entrar como lo estamos haciendo ahora aquí en esta mesa: con algún medio mínimo tecnológico para poder hacerle una foto a la persona antes que desaparezcan las marcas, grabar una conversación o filmar, etc. Con esos mínimos medios, que hoy cualquier teléfono lo permite, se logra un eficaz mecanismo de recolección de pruebas antes de que las pruebas desaparezcan. El mecanismo sale de ahí y pone esas pruebas a disposición de la autoridad que tenga que ser: el juez de turno, el fiscal o quién sea. Eso es lo que tendría que hacer el mecanismo. Por lo tanto no le deben asignar estas tareas a una entidad ya existente, como lo es en España el Defensor del Pueblo o el Ombudsman, que nunca han hecho nada verdaderamente y ahora se apuntan al negocio este de los Derechos Humanos. Pretendemos que realmente se le de el mecanismo a aquéllos organismos que tienen tan pocos medios, que trabajan tanto y se le ponen tanto impedimentos para entrar a la cárcel. Y además, no nos engañemos: son esos organismos los que generan confianza en el interior de los centros de privación de libertad. Son los verdaderos interlocutores de los presos, porque los presos ya no confían en otro tipo de mecanismo. Aquí hay un auténtico desideratum que se juega en éste sentido. Y aquí se verá la auténtica voluntad que tienen los Estados: ahora sí tienen en sus manos la posibilidad de crear un mecanismo dando un paso más. Se lleva treinta años de lucha en esto. La lucha del famoso suizo de la APT, que empezó por la creación del Protocolo Facultativo, empezó en los años setenta. Bueno, treinta años de lucha para que finalmente se haya podido crear este Protocolo Facultativo. Si en definitiva la designación del mecanismo de protección va a ser designar lo ya existente ¿cuál es el valor añadido que tiene el Protocolo? El valor añadido es verdaderamente darle la oportunidad a aquéllos organismos acreditados de la sociedad civil, para que puedan realmente luchar en esta materia. No tenemos una respuesta todavía, porque los países no lo han implementado aún, salvo algún caso aislado. Pero ni Argentina ni España todavía lo han hecho. Veremos. El proceso de implementación, en el caso nuestro en España, deja bastante que desear en este sentido. Ya sabemos que la intención es designar mecanismo nacional de prevención al Defensor del Pueblo y no a estas organizaciones sociales [ver].” […]

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