Organismos Contra La Tortura Constatan Que El Protocolo De Prevención «No Funciona»

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura dibujó ayer un panorama desolador en lo que respecta a la erradicación del maltrato a manos de las distintas policías. Denunció que el protocolo para la prevención no se aplica ni funciona en manos de instituciones como la Defensoría del Pueblo y resaltó que haciendo caso omiso a numerosas recomendaciones, la incomunicación persiste y está detrás del 39% de las denuncias.

Representantes de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), que reúne a 44 organismos del Estado español, comparecieron ayer ante los medios de comunicación en Algorta para dar cuenta de los resultados del informe anual de 2010 y evaluar los casos ocurridos a lo largo del año pasado y en lo que va de 2011 en Hego Euskal Herria.

Carlos Hernández, miembro de Salhaketa y representante de la Coordinadora en Euskal Herria, detalló que de los 540 denuncias registradas en el Estado español, cerca de 140 corresponden a ciudadanos de Nafarroa, Bizkaia, Araba y Gipuzkoa y en un 39% son producto de la aplicación de la incomunicación.

Resaltó, asimismo, que el 50% tiene que ver con movilizaciones sociales, entre las que puso como ejemplo las dos convocatorias de huelga general habidas en los cuatro herrialdes, y subrayó también las cinco personas muertas durante su estancia en cárceles de Hego Euskal Herria. Hernández puso de relieve, además, que las policías locales acumulan un 10% de las denuncias, por encima de los funcionarios de prisiones (4,5%) y por detrás de Ertzaintza (13%), Guardia Civil (34%) y Policía española, a la cabeza con un 35% de las denuncias.

Tras la exposición de los datos, la Coordinadora reiteró la denuncia ante la nula repercusión que está teniendo el mecanismo para la prevención de la tortura estatal. La experiencia acumulada a lo largo del año 2010, confirma para la Coordinadora que la Defensoría del Pueblo no es el organismo adecuado para hacerse cargo de un protocolo, que consideran podría resultar válido si un estamento independiente estuviera al frente del mismo.

Hernandez explicó al respecto que cuando se ha solicitado su intervención no la ha habido y en el único caso en que sí se produjo, la persona denunciante refirió no haber encontrado confianza ni empatía en unos interlocutores más preocupados por la situación de las instalaciones que por el testimonio de maltrato.

A este respecto, Hernández reiteró la denuncia ante la designación del juez Baltasar Garzón como miembro del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. «Cuando pudo haber hecho algo no lo hizo», resaltó el responsable de la Coordinadora, al tiempo que recordó que actualmente es objeto de otros procedimientos judiciales contra su persona.

Persiste la incomunicación

En representación de Torturaren Aurkako Taldea (TAT), la abogada Ane Ituño denunció la persistencia del régimen de incomunicación, pese a reiteradas denuncias de distintos órganos y estamentos de dentro y fuera del Estado español que demandan su erradicación.

Criticó que tampoco las reiteradas peticiones de aplicación del protocolo de prevención han tenido respuesta y puso de manifiesto la existencia de elementos que prueban la aplicación del maltrato de forma organizada, en referencia al documento de la Guardia Civil aparecido en tras un registro en un operativo contra abogados vascos, en el que explicó que se señala a qué detenidos aplicar un trato exquisito, qué agentes deben realziar determinados interrogatorios o la necesidad de buscar testimonios que confirmen las acusaciones policiales.

Ituño llamó la atención, por otra parte, sobre la criminalización de que son objetos los letrados que denuncian torturas, apartado en el que el letrado Alfonso Zenon dio cuenta de su situación personal, acusado de calumnias al consejero de Interior del Ejecutivo de Lakua, Rodolfo Ares. Pendiente de que se fije la fecha del juicio, Zenon explicó que «se confirma que lejos de aplicar instrumentos eficaces contra la tortura se persigue a quienes denuncian estos casos».

Gara

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