Comunicado Ante La Última Propuesta Del Ministro De Interior De Reformar El Código Penal Para Endurecer Penas Y Criminalizar Los Movimientos Ciudadanos

Desde la APDHA lamentamos los comportamientos nada civilizados de quienes utilizan la violencia y el destrozo como forma de protesta y de reivindicación de derechos, pero no lamentamos menos las últimas declaraciones políticas acerca de la equiparación de estos actos de vandalismo con el terrorismo callejero.

Las sucesivas manifestaciones ciudadanas de los últimos tiempos, en las que muchas personas han tratado de dar un toque de atención a la clase política, debió de haber servido para que esta última tomara nota e incluyera a la opinión pública en la toma de sus decisiones.

Lejos de ello, el Ministro del Interior ha encontrado en los acontecimientos del pasado 29 de marzo en Barcelona la excusa perfecta para iniciar una campaña de regresión de derechos como el de expresión o manifestación, evitando voces populares que critiquen las políticas de recortes.

Poniendo de relieve que el Código Penal vigente ya contempla penas de hasta tres años de prisión para quienes cometan desórdenes en la calle, nos parece innecesario incrementar aún más la penalización de estos hechos, en aras de que sean percibidos como distinto a lo que son, para justificar así el endurecimiento del castigo.

En el imaginario de la mayoría de las personas tildar unos hechos de terrorismo implica conectar los mismos a una realidad socio política que la sociedad española intenta superar. Es difícil no identificar la palabra terrorista con una organización de violencia extrema. Huelga decir que los hechos del pasado 29 de marzo, que son los que motivaron las declaraciones que rechazamos, nada tienen que ver con personas que pertenecen a organización terrorista alguna. Y si esto es así, ¿por qué utilizar esa denominación? ¿Acaso se pretende que estos actos sean percibidos como más graves de lo que en realidad ya son? ¿Acaso no se cae en la cuenta de que metemos el dedo en la llaga de un proceso de paz que efectivamente es bien complejo?

Insinuar que los convocantes de las diversas manifestaciones son responsables del comportamiento de todos los que acuden a las mismas, nos resulta incomprensible. Se da la paradoja de que las organizaciones convocantes lanzan consignas de protesta pacífica, condenando cualquier uso de la violencia. Pero no se les puede exigir responsabilidad por el comportamiento de quienes se alejan de esas consignas. ¿Se intenta acabar, así, con los muchos grupos sociales que han ido haciendo uso de su derecho de expresión colectiva durante tanto tiempo?

Si innecesario es el endurecimiento de la pena, para los que optan por un comportamiento violento en el reclamo de sus derechos (llamados por Fernández Díaz resistencia activa), e incomprensible que se responsabilice a quienes convocan, nos parece absolutamente aberrante el castigo para el manifestante pacífico (denominado resistencia pasiva). ¿Cuál sería, pues, la forma adecuada de hacer uso de los derechos constitucionales de expresión y manifestación según el ministro? Entendemos, tras esas expresiones, una intencionalidad de acallar cualquier voz ciudadana, en estos tiempos de dificultad donde la expresión colectiva es imprescindible.

Una vez más, se pretende legislar a golpe de acontecimientos, y buscando contentar a una sociedad a la que previamente se le hace creer que nuestro país es inseguro, y que tiene una legislación penal muy suave, lo cual no es posible mantener si nos comparamos con los índices de inseguridad, o de delincuencia que se reconocen en otros países de la propia Unión Europea (España tiene más de 20 puntos menos de delincuencia de la media europea).

Pero, aún así, los políticos tienen clara la estrategia totalmente infecunda de solucionar problemas sociales mediante soluciones penales, en lugar de pararse seriamente a reflexionar acerca de soluciones menos simples como las que hasta ahora se van dando.

Exigimos un cambio de rumbo total en estas políticas de carácter represivo: menos endurecimiento de penas, y más disposición de la clase política para escuchar las manifestaciones ciudadanas.

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