Realidad Y Políticas Penitenciarias

Algunos de los datos que se presentan en informe ODA 2010/2011 parecen confirmar la hipótesis de que en las dos últimas legislaturas se ha pretendido profundizar en el enfoque rehabilitador de la pena de prisión desde la política penitenciaria con iniciativas dirigidas a favorecer la excarcelación y la reinserción social de los reclusos. Sin embargo, ello no parece casar bien con un modelo penal que abusa del recurso a la pena de prisión y, en consecuencia, produce cada vez más población penitenciaria.

En efecto, como afirman los expertos, las estrategias de política criminal de la última década configuran un sistema que hace fácil la entrada en prisión y dificulta la salida (con una aplicación excesiva de la prisión preventiva, sobre todo a inmigrantes y en delitos contra el patrimonio y relacionados con drogas, un escaso uso de las penas alternativas, el abuso de penas de prisión largas y las pocas facilidades para reducir condena). Los cambios que se han producido en la política penitenciaria, sin embargo, parecerían estar apuntando una tendencia más incluyente y menos punitiva, aunque cabría plantearse si realmente es un intento de resistir a la deriva punitiva que ha tomado la política criminal española o si únicamente se trata de proyectar una imagen que contrarreste la irracionalidad que caracteriza a las políticas populistas de los últimos años. Los expertos entrevistados apuntan varios argumentos que explicarían esta dicotomía: la falta de comunicación entre ambas estrategias públicas (por depender de actores y factores distintos) o la utilización consciente del sistema penitenciario para descongestionar las prisiones (por tener menos visibilidad pública que la política criminal y, por ello, menor coste electoral).

Lo que parece innegable es que en los últimos años el discurso que se ha transmitido desde Instituciones Penitenciarias potencia el régimen abierto, intenta mejorar la convivencia y parece basarse en una filosofía centrada en las causas sociales de la delincuencia. Los expertos comparten la opinión de que estas políticas tienen un claro carácter instrumental (aliviar la masificación de las cárceles), pero añaden que también pueden obedecer a un interés por humanizarlas o bien a la pretensión de dar buena imagen y reducir gastos.

En cualquier caso, al margen de los motivos de esta política penitenciaria, no podemos dejar de percibir que en los últimos años parecen querer compensarse los excesos punitivos de una política criminal expuesta a la luz de la opinión pública y a los vaivenes del juego electoral. Siendo así y ante el reciente cambio de gobierno, que ha empezado insistiendo en una estrategia penal claramente expresiva, cabe preguntarse en qué dirección irán las nuevas políticas penitenciarias. Los investigadores del Observatorio de la Delincuencia no pretenden dar respuesta a esta cuestión pero nos proporcionan información relevante que nos puede servir de punto de partida para que nos aventuremos a resolverla y a seguir preguntándonos hacia qué modelo penal nos dirigimos.

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