[Audio] Comunicado De Los Presos En Huelga de Las Cárceles Colombianas, Solo Acatarán “Las Órdenes De Libertad”

 [audio http://archive.org/download/ConVehemenciaSeExtiendeLaHuelgaEnCarcelesColombianas/1Comunicado.mp3]

“Desde las 06 horas del 8 de agosto entramos en huelga general y desobediencia”. Las palabras son de uno de los líderes del Movimiento Social Carcelario de Cómbita, quien asegura representar a presos de 21 cárceles y centros penitenciarios de todo el país, y además anuncia que la protesta llegará “hasta las últimas consecuencias”, hasta tanto una delegación de “alto nivel” del gobierno nacional “se reúna con una comisión del movimiento carcelario” para encontrar “soluciones de fondo” a lo que llamaron “crítica situación de los centros penitenciarios y carcelarios”.

Los presos harán huelga de hambre, no atenderán requerimientos de la justicia para diligencias o juicios, y solo acatarán “las órdenes de libertad”.

Aunque no es la primera vez que ‘brotes de revuelta’ se oyen desde los intramuros de las cárceles, esta vez lo hacen con “ambicioso” pliego de peticiones al gobierno, en el que hasta plantean la no extradición de nacionales, la rebaja de penas de hasta el 50% de la condena de los reclusos, como “mínimas condiciones” para poner fin a la huelga y la desobediencia.

En la tarde del miércoles, los presos de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (una de las antesalas de la extradición), se negaron a recibir el alimento. No acudieron al reconteo de la mañana, y se negaron a permanecer en sus celdas desde las cinco de la tarde y permanecieron en los patios del penal.

En Bogotá, en la penitenciaria La Picota, concretamente en el patio Eron, los reclusos se rehusaron a ser contabilizados y encerrados en sus celdas. En las cárceles de La Modelo y la de mujeres de El Buen Pastor también se conocieron algunas protestas de los internos.

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, adelanta visitas a las cárceles. El miércoles estuvo en La Modelo y este jueves en el Buen Pastor. No se ha pronunciado sobre huelgas o revueltas dentro de las cárceles del país.

La crisis carcelaria estaría a punto de convertirse en una nueva ‘papa caliente’ que le estallaría en las manos al gobierno de Juan Manuel Santos. Actualmente, los centros de reclusión del país registran un hacinamiento superior al 200%. Según la Defensoría del Pueblo, la población carcelaria durante los últimos doce años se incrementó en 54.915 personas, mientras que en el mismo lapso los cupos aumentaron sólo en 42.009.

Denuncias de que algunos presos deben dormir hasta en los baños y pasillos de las cárceles han sido difundidas en las recientes semanas por los medios de comunicación. Las visitas de los familiares se han visto restringidas.

El gobierno ha ordenado algunos traslados de presos de los centros penitenciarios más impactados por el sobrecupo a los menos hacinados.

Incluso, la ministra Correa, propuso otras alternativas, entre ellas revisar las peticiones de los presos que ya cumplieron las dos terceras partes de sus penas, para otorgarles el beneficio de detención domiciliaria o la libertad. Esto con el fin de aliviar un poco el hacinamiento. Una propuesta no exenta de polémica, pues hay quienes aseguran que los delincuentes saldrán a las calles y volverán a delinquir.

Para los líderes del Movimiento Social Carcelario, la situación “ha llegado al límite”. Por eso le presentarán al gobierno, en cuestión de días, el referido “pliego de peticiones”.

Las “exigencias o pretensiones” van desde la no a la extradición de nacionales, rebaja del 50% de las penas para todos los reclusos como fórmula contra el hacinamiento, y hasta la propuesta de un mecanismo de “alternatividad penal” en el que no haya penas de prisión superiores a los 25 años de cárcel.

También reclaman una “urgente reforma” al Código Penitenciario y Carcelario (ley 65 de 1993), y aunque el gobierno la contempla, la exigencia es que la población reclusa haga parte del proceso de concertación del proyecto de ley incluso piden “voz y voto en el proceso legislativo”.

Exigen asegurar a toda la población reclusa al sistema de salud y “vetan” el servicio que ha prestado la empresa Caprecom. El Movimiento Social Carcelario asegura que han sido más de tres mil tutelas las que ha ganado contra la mencionada EPS para que se les garantice sus derechos en salud.

El miércoles la ministra de Justicia anunció que tras los “reiterados incumplimientos en la atención de la población penitenciaria en el país”, el gobierno dio por finalizado el convenio con Caprecom. “En este contrato ha habido fallas, las hemos detectado, estamos buscando generar contratos con otras EPS pero la solución no se puede tomar de forma inmediata, porque con la compleja situación que enfrenta el sector salud en general dificulta la posibilidad de encontrar quién preste ese servicio”, dijo la ministra Correa.

El Movimiento Social Carcelario también les reclama a las autoridades penitenciarias igual tratamiento a todos los reclusos. Cuestionan sus miembros que mientras los llamados “parapolíticos” gozan de “beneficios” en sus sitios de reclusión, los demás presos “convivimos con ratas, con pelos en la comida, sin visitas de nuestros familiares, sin adecuada atención en salud, sin educación ni opciones de trabajo”. El líder del movimiento asegura que en las cárceles del país, de cada 1.000 presos cerca de 800 tienen gastritis por la mala alimentación.

Otra de las peticiones del pliego es el traslado de los presos a cárceles de sus sitios de origen. El argumento que defienden es el “acercamiento familiar y procesal”. “En Valledupar hay presos que tienen sus familias en el Amazonas, es imposible para las familias visitarlos”.

También le piden al gobierno que autorice al colectivo Mujeres del Mundo por la Paz ingresar a las cárceles colombianas para que certifiquen las condiciones de reclusión de los presos en el país.

Dicha delegación había sido autorizada por el gobierno el pasado mes de febrero, pero las declaraciones de la excongresista Piedad Córdoba, en las que dijo que en Colombia hay “presos políticos”, obligó a que el entonces ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra revocara tal decisión.

Aunque el pliego de peticiones pueda apreciarse excesivo, los presos dicen que seguirán con la huelga hasta que el gobierno se siente con una comisión del movimiento carcelario.

También aclaran que sólo se reunirían con los ministros de Justicia, Trabajo, Salud, y Educación, el director del INPEC, y piden la presencia del vicepresidente de la República, Angelino Garzón.

Reclaman también el acompañamiento de ONG nacionales e internacionales, la Iglesia, los organismos de control y una comisión de parlamentarios de todos los partidos políticos.

Hasta el momento el gobierno no se ha pronunciado sobre las huelgas que se estarían adelantando en las cárceles del país.

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