Las noticias de muertes por sobredosis en prisión son constantes. Las personas con problemas de drogodependencias que se encuentran privadas de libertad, también ven limitado de manera importante su derecho a la salud que, en principio, no debería verse afectado por la condena penal.
En España, más de la mitad de las personas privadas de libertad lo están por haber cometido delitos contra la propiedad (robos, hurtos, etc), y en torno al 20% de las mismas, por delitos relacionados con el pequeño tráfico de drogas. Se trata de una delincuencia asociada a la dependencia de drogas ilegales y a situaciones de marginación social. De hecho, entre un 70 y un 80% tienen o han tenido problemas de drogodependencias, casi la mitad sólo cuenta con estudios primarios, el 8% no tiene siquiera estudios primarios y el 56% son trabajadores no cualificados. Se trata claramente de una “criminalización de la pobreza”. Seguir leyendo