ASAPA Denuncia Irregularidades En Centros De Menores Zaragoza

La Asociación de Seguimiento y Apoyo a personas Presas en Aragón (ASAPA) interpuso una denuncia ante la fiscalía de menores y el Justicia de Aragón al final de esta pasada semana. La interposición de la denuncia trae causa de una serie de situaciones relativas a la gestión de centros de protección de menores y a la gestión del CEIMJ Juslibol que pueden vulnerar gravemente la vigente legislación protectora de menores.

A día de hoy, ser un menor de edad protegido o tutelado por el Sistema de Protección de Menores del Gobierno de Aragón representa, sin lugar a dudas, un factor de riesgo en muchos casos. En otros, lamentablemente, podemos hablar de menores que, pese encontrarse tutelados por la administración pública, están en situación de desamparo.

Ley 12/2001 de la Infancia y la Adolescencia en Aragón:

Artículo 56 – Situación de riesgo. Se consideran situaciones de riesgo aquéllas en las que, por circunstancias personales o sociofamiliares, se ven obstaculizados el desarrollo integral del niño o adolescente y el ejercicio de sus derechos (…)

Artículo 59 – Situación de desamparo. 1. Se considera situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral y material.

En los Centros de Protección de Menores de Aragón se dan, a día de hoy, casos de inadecuación absoluta del tipo de centro a los perfiles y necesidades de los menores, inadecuación que provoca situaciones de claro maltrato institucional. Precariedad en los equipos educativos, a veces escasamente profesionalizados, muy a menudo carentes del personal necesario para la atención inmediata de los menores. Se siguen dando casos de menores inmigrantes que, incumpliendo la legalidad vigente en materia de extranjería, abandonan el sistema de menores al cumplir los 18 años y se encuentran en la calle sin haberse regularizado su situación (como manda la ley) o con un permiso de residencia que no les autoriza a trabajar. No existen centros especializados para determinados perfiles y muchos menores son derivados a centros de perfil psiquiátrico o terapéutico de adultos.

Es en este escenario en el que ASAPA ha denunciado ante el Fiscal de Menores y ante el Justicia de Aragón la nueva iniciativa política del actual gobierno, supuesto garante de los derechos de los menores acogidos en centros.

Se ha puesto en conocimiento de esta asociación la intención del actual gobierno de reducir la financiación de estos centros de menores entre un 10 y un 30%. Dadas las características de estos centros, es difícil aplicar ese recorte sin recortar las plantillas que atienden a los menores o sin que los proyectos educativos se vean gravemente deteriorados. Más aún, teniendo en cuenta que ya hace tiempo que la administración dejó de considerar algunos conceptos derivados del cuidado de los menores como gastos propios para transferirlos a las empresas adjudicatarias de los centros (cabe recordar que casi la totalidad de los centros de menores de la comunidad son gestionados por empresas privadas): hablamos de campamentos de verano, dentistas, libros de texto, ropa…

Si es imposible que las entidades adjudicatarias de los Centros de Menores atiendan dignamente a las necesidades de los menores, según los parámetros fijados por la legalidad vigente que se cita en la denuncia ¿qué cabe decir de los centros de menores a los que la administración no paga desde hace meses (más de 6 en algún caso)? ¿Qué sucedería si un padre no pagara la comida, el colegio o el vestido de sus hijos? Que el Servicio de Protección de menores le retiraría la tutela de sus hijos y estos pasarían a vivir en un centro de menores. ¿Y qué pasa cuando esto mismo lo hace el Gobierno de Aragón? No pasa nada, ya que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales no parece sentirse obligado a respetar la legalidad como el resto de ciudadanos e instituciones.

Ante estos hechos y otros que se detallan en la denuncia adjunta (con fecha de 31 de agosto de 2012), ASAPA denuncia esta situación ante las autoridades competentes y demanda:

Que se investiguen desde la Fiscalía y el Justicia los hechos expuestos en la denuncia. Que se promuevan las acciones necesarias para garantizar los derechos de los menores y que reciben un trato adecuado a sus necesidades. Que se promuevan las acciones necesarias para garantizar que la administración pública cumple con sus obligaciones legales para con los menores tutelados, en guarda o sin medida administrativa que tiene acogidos en sus centros. Que se realice una supervisión ajena a la estructura del servicio de menores (a desempeñar por la Fiscalía y el Justicia) sobre todos los centros de protección de menores y de cumplimiento de medida judicial de la comunidad. Siendo necesario para una supervisión con garantías:

    – Que las visitas a los centros se realicen por sorpresa (hasta la fecha los supervisores avisan del día y la hora de estas visitas).
–  Que en dichas visitas los supervisores se entrevisten con menores y educadores de los centro en privado, sin presencia de representantes de la institución, siendo el contenido de dichas entrevistas confidencial (algo que hasta la fecha no se ha dado).
– Que el resultado de dicha supervisión se haga público de manera periódica (algo que hasta la fecha no se ha dado).

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