Vigilar Y Castigar

Analizamos la reforma del Código Penal ojeando dos novedades que supondrán una cadena perpetua encubierta. Y hablamos también del hurto de la herramienta de lucha más importante de la clase obrera, el derecho de huelga

Ya en el siglo XVIII, Cesare Beccaría dijo que la tasa de criminalidad se reduce educando o, en el peor de los casos, acudiendo a la privación de libertad de corta duración. “Abrid escuelas y cerrareis cárceles”, retó en el XIX Concepción Arenal. Pero el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, no lee los clásicos.

Para más allá del retroceso en materia de aborto que si contempla en el anteproyecto de reforma del Código Penal, hasta un sistema más restrictivo que el de 1985, la lectura del texto permite advertir un atraso que coloca por encima de la mesa estrategias político-criminales más propias del franquismo que de un Estado que se denomina democrático.

Analizamos la reforma con Guillerme Presas, penalista gallego y militante del Observatorio por los Derechos y las Libertades Esculca, centrándonos en las dos novedades, a nuestro entender, más importantes: la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad.

La privación de libertad que ampara el Código Penal español después de la reforma de 1995 es de las más altas de nuestro contorno jurídico: 30 años, que pueden llegar hasta 40 si se aplica la ley antiterrorista. El cumplimiento íntegro de las penas es otro de los grandes reclamos punitivos hechos desde el Gobierno español -tanto del PP como del PSOE-, al no interpretar ni el tercer grado ni la libertad condicional como privación de libertad.

Pero las penas se cumplen, íntegras, también desde 1995. En textos penales como el francés, el alemán o el inglés, se contemplan condenas vitalicias, pero estas se revisan a los 15 años después de una petición de indulto que se concede siempre. “En el estado tenemos la tasa de criminalidad más baja de Europa, y en  Galiza se reduce aun hasta la mitad. Pero tenemos uno de los porcentajes más altos de población reclusa, y el Código Penal más duro”, remarca Presas.

Con este telón de fondo, la prisión permanente revisable no es más que otro eufemismo. “Con el código actual en la mano ya podemos decir que existe la cadena perpetua”, señala al penalista, en referencia al incremento de los años de privación de libertad a los que puede ser condenada una persona, desde los 30 en el CP de 1944, que la redención de penas por el trabajo dejaba en 20.

El afán de castigar ahúma cualquier vestigio de ese objetivo resocializador que debería tener cualquier pena. “Todos los gobiernos abanderaron el mismo discurso, apuntando hacia una falta de seguridad que no existe”. Legislar haciendo bandera de la alarma social ante delitos especialmente atractivos para el cuarto poder, la prensa -recordemos la campaña mediática del padre de Marta de él Castillo-, “es hacer un uso simbólico del CP, aprovecharlo para captar votos,”, y trae de la mano una vuelta a la ley de la Talión.

La otra novedad, la custodia de seguridad. Es una libertad vigilada que se impondría, por ejemplo, a las personas condenadas por delitos vinculados al terrorismo. Así, después de pasar por la cárcel, sus derechos seguirían restringidos durante un período que puede llegar a los 10 años. Entra en vigor  una manera más de mantener @s pres@s polític@s bajo el yugo del estado.

“Es absolutamente discutible ejercer control sobre una persona y limitar su libertad sin que exista una condena por el medio”. Hablando en cifras, con la ley antiterrorista en la mano, un@ condenad@ podría estar 40 años cumpliendo condena y, después de esas cuatro décadas, quedar controlad@ por el estado una década más. En total: 50 años. Recuperando a Concepción Arenal, el gobierno español quiere llevar a la práctica “ese deseo popular tantas veces manifestado de que los delincuentes se pudran en la cárcel. Por el contrario, de lo que se trata es de invertir en prevención”. Por cierto que la reforma castiga los delitos patrimoniales, pero sólo los ‘pequeños robos’. Los delitos de cuello blanco seguirán impunes.

  • Hurtarle a la clase obrera la herramienta de lucha: el derecho a la huelga

Quien no llora no mama, dice un refranero que la patronal semeja conocer bien. Ante el gobierno español desearon que la clase obrera tuviera menos derechos, y vieron como salía adelante una reforma laboral que, en resumidas cuentas, impone la política de trabajar más horas para recibir menos salario. Como complemento a este recorte -sumado a la machetada ideológica en los derechos sociales-, deseó también la CEOE -Confederación Española de Organizaciones Empresariales- que el derecho a la huelga quedara restringido. Agitar la bandera del miedo y criminalizar el sindicalismo combativo.

Más aun. “Este derecho está ya limitado cuando se decretan servicios mínimos abusivos” que, en el caso del servicio de Emergencias 112 puede llegar hasta el 100%. No hay que olvidar tampoco nombres como Antolín Alcántara, Marcos Cardóniga, Carlos Alján, Carlos Búa o Ramón Sarmiento, sindicalistas sentenciados a penas privativas de libertad por defender lo que es suyo.

Buena parte de estos trabajadores son militantes de la CIG. El secretario de organización de la central nacionalista en Compostela, Renato Núñez, remarca que es justamente la huelga “el arma más fuerte que poseemos para obligar la patronal a escuchar nuestras reivindicaciones”, y arremete contra una reforma laboral que se abriga la bondadosa intención de arrimar tod@s el hombro para frenar “una crisis que nada tiene que ver con la clase trabajadora”.

En crisis están también las herramientas de defensa histórica de la clase trabajadora, que permitían “defender en la calle alternativas al modelo actual de esclavitud”, en palabras de Brais González, militante de la CUT, quien defiende la necesidad de “reinventar” el ejercicio de la huelga como derecho político “fundamental”.

Con la convocatoria de la siguiente huelga general cociendo en el horno -CIG, CC.OO. y UGT intentan acercar posturas para un llamamiento unitario en septiembre-, Núñez describe con socarronería el panorama que se dibuja: “se limita el derecho a la huelga, se penaliza la desobediencia civil y no podremos reclamar por la vía judicial porque la atención jurídica habrá también que pagarla y previamente nos redujeron ya los salarios”. Dice González que reformar el decreto ley de Reformas Laborales de 1977 para limitar el derecho a la huelga -que en el Congreso tendría el apoyo de CiU y del PNV, para más allá del propio PP-, “supone un paso más allá del permisible” por l@s traballador@s.

Martiño Paradelo, de la CNT, interpreta la posible restricción como una penalización de las formas de respuesta “después de ahogarnos laboral y económicamente, reservando para sí mismos el monopolio de la violencia”. “No quedó más remedio que la desobediencia civil”, apunta Renato Núñez. “Se hicieron huelgas cuando estaban criminalizadas, para echar a bajo la dictadura o para conquistar los derechos laborales y sociales que ahora nos roban. Las hicimos a la sazón, y las haremos hoy”.

http://www.sermosgaliza.com/artigo/social/vixiar-e-punir/20120908183000004919.html?ref=nf

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: