Condena Por Torturas: Dos Vigilantes Y Una Educadora Irán A Prisión Por La Muerte De Un Menor En 2004

Manuel Antonio Dorta A., Vicente Rivero R. y Nieves de la Cruz Hernández H. han sido condenados a prisión en relación con la muerte en extrañas circunstancias del menor Philipp García Zoch, cuyo cadáver fue hallado el 13 de noviembre de 2004 en una celda del módulo de refugio del centro para menores bajo medidas judiciales Nivaria, en Tenerife. Los dos primeros trabajaban como vigilantes de seguridad, mientras que la mujer era coordinadora de los educadores.

Los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial han considerado probado que los tres acusados cometieron un delito de torturas hacia el citado menor y les impone una condena de un año y medio de prisión para el primero de los acusados y un año para los otros dos. Además, en la sentencia que se hizo pública ayer se impone el pago de una indemnización de 60.000 euros a los padres del menor fallecido, cantidad que deberá ser resarcida como responsables subsidiarios la empresa Seguridad Integral Canarias, la Fundación Ideo y la Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias.

Los padres de Philipp se mostraron ayer “satisfechos” con la resolución judicial y destacaron como “impecables” los fundamentos esgrimidos por el tribunal para dictar la sentencia condenatoria.

En este caso, tanto el Ministerio Fiscal como la familia de Philipp consideraron culpables también a otros cinco extrabajadores del centro, todos ellos vigilantes, sin embargo han quedado absueltos.

El cadáver de Philipp García fue hallado en su celda con una bolsa de plástico en la cabeza y un punzón bajo un muslo el 13 de noviembre de 2004. La noche anterior fue objeto de maltrato e insultos por parte de Manuel Antonio Dorta A. quien le acusaba de ser un chivato y de que hubieran trasladado a un compañero suyo a Las Palmas. Lo agredió y lo insultó tras abandonar su puesto en el módulo 2 en siete ocasiones. Los otros dos acusados fueron testigos de estos hechos y no intervinieron ni dieron parte de los mismos, tal y como era su responsabilidad. La sentencia, no obstante, va más allá pues considera que también son responsables, así como la Dirección General del Menor y la Familia, de no intervenir en auxilio de Philipp, cuyo estado psíquico se había deteriorado gravemente por el acoso y agresiones que sufría por parte de otros menores internados.

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