¿Cómo Afecta La Reforma Del Código Penal Al Derecho Penitenciario?

Principales propuestas de modificacion que afectan al derecho penitenciario en el anteproyecto de ley orgánica por la que se pretende modificar la ley organica 10/1995, de 23 de novuiembre, del codigo penal:

ARTICULO 36 (PERIODO DE SEGURIDAD)

  • Se mantienen íntegramente la redacción que le diol a Ley 5/2010, de 23 de junio.
  • Se añade el supuesto de los condenados de penas de prisión permanente revisable:
    • Si dicha condena lo es por terrorismo no podrá acceder al 3º hasta cumplir 20 años
    • Si lo es por otro delito que no sea de terrorismo no podrá acceder al 3º hasta cumplir 15 años.
    • En estos supuestos, la clasificación en 3º, además de ser aprobada por el JVP, tiene que ser autorizada por el Tribunal Sentenciador, previo pronóstico favorable de reinserción y tras ser oídos el MF e IIPP.
    • No podrán acceder a los permisos de salida hasta que hayan cumplido un mínimo de 12 años (terrorismo), u 8 años (resto delitos).
    • Regula expresamente la progresión a 3º “por motivos humanitarios y de dignidad personal” de los enfermos muy graves con padecimientos incurables. Se ha de valorar especialmente la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad. También exige ser autorizada por el Tribunal Sentenciador, previo pronóstico favorable de reinserción y tras ser oído, solo el MF.

ARTICULO 76 (ACUMULACION DE CONDENAS O LIMITES DE CUMPLIMIENTO.-

  • Añade un supuesto excepcional, a los 4 existentes con anterioridad, con la rúbrica de letra e), para los supuesto de condenados a dos o más delitos y que, al menos, uno de ellos, lo sea a la pena de prisión permanente revisable, remitiendo a los art. 92 y 78 CP a los que más adelante analizaremos.
  • Excluye de la posibilidad de acumulación las penas leves
  • Modifica la redacción del apartado 2.
    • REFORMA: “…cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar.
    • REDACCION ACTUAL “…si los hechos, por su conexión o el momento de su comisión, pudieron haberse enjuiciados en uno solo“.

ARTICULO 78 (“CUMPLIMIENTO INTEGRO DE LAS PENAS”)

  • La redacción del Anteproyecto me deja muchas dudas, ya que refiere que se modifica el párrafo 2, y reproduce como tal el que hasta le fecha es el párrafo 3, lo que parece que pretende es eliminar el referido párrafo 2 actual, que es el que prevé como obligatorios la aplicación del art. 78 en los supuestos a), b), c) y d) del artículo 76. De esta forma parece que la aplicación del art. 78 es potestativo del tribunal en todos los casos.
  • Se introduce un art. 78 bis para regular los supuestos de los condenados a penas de prisión permanente revisable:
    • No podrán progresar al 3º.
      • Hasta los 18 años si tiene varias penas, una de ppr y otras que sumadas superen los 5 años. Salvo que se tratase delitos de terrorismo o cometidos en organización criminal, en cuyo caso el plazo será de 24 años.
      • Hasta los 22 años, si tuviera varios delitos y dos o más estén castigados con penas de ppr. Salvo que se tratase delitos de terrorismo o cometidos en organización criminal, en cuyo caso el plazo será de 32 años.
    • No podrá obtener la suspensión del resto de la condena (Libertad Condicional:
      • Hasta los 25 años si tiene varias penas, una de ppr y otras que sumadas superen los 5 años. Salvo que se tratase delitos de terrorismo o cometidos en organización criminal, en cuyo caso el plazo será de 28 años.
      • Hasta los 30 años, si tuviera varios delitos y dos o más estén castigados con penas de ppr. Salvo que se tratase delitos de terrorismo o cometidos en organización criminal, en cuyo caso el plazo será de 32 años.

SUSPENSION DE CONDENA: Se condiciona a que sea razonable esperar que la mera imposición de la pena que se suspende resulte suficiente para evitar la comisión de nuevos delitos, y frente a los criterios actuales para su aplicación (peligrosidad y existencia de otros procedimientos), se valorará las circunstancias del delito cometido, la personalidad del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho (en particular su esfuerzo para reparar el daño causado), sus circunstancias familiares y sociales, así como los efectos que quepa esperar de la propia suspensión y de las medidas que se le impongan.

Se mantienen como requisitos, el que se haya delinquido por primera vez (sin tener en cuenta los delitos imprudentes o los leves), que la suma de las penas no sea superior a dos años, y el haber satisfecho las responsabilidades civiles con ampliación al comiso acordado en sentencia en relación a las penas impuestas a los responsables cuando se condena a una empresa.

Excepcionalmente se pueden suspender las condenas que superen los dos años sumados, siempre que ninguna sea mayor de dos años, cuando las circunstancias del hecho, las circunstancias personales del penado, y su conducta (en particular su esfuerzo para reparar el daño causado) lo aconsejen. En estos casos la suspensión se condicionará a la reparación del año o la indemnización del daño perjuicio causado o al cumplimiento del acuerdo alcanzado en caso de mediación, con imposición de una multa o de trabajos en beneficio de la comunidad.

Se mantienen igual la suspensión sin sujeción alguna para los enfermos graves con padecimientos incurables, y la de los drogodependientes, salvo que respecto de estos últimos las comprobaciones que antes se atribuían al Médico Forense, ahora se concretarán por el Juez o Tribunal.

El plazo de la suspensión (frente a la actual regulación que era genérico de 2 a 5 años), se diferencia ente 2 a 5 años para las penas privativas de libertad inferiores a dos años, y de 3 meses a 1 año para las penas leves, fijándolo el Juez o Tribunal previa audiencia del MF. El plazo de la suspensión de drogodependientes (de 3 a 5 años) se mantiene igual.

Se decretará en sentencia, siempre que fuera posible, y si no a la mayor urgencia.

El art. 83, mantiene, prácticamente igual, las obligaciones o deberes a las que puede condicionar la suspensión, y en en los delitos de violencia de genero mantiene la obligatoriedad de acordar la prohibición de aproximarse…, de residir en determinados lugares o acudir a ellos…, y la obligación de participar en programas…

Las prohibiciones de aproximación…, establecer contacto…, residir en determinado lugar…, y la obligación de mantener el lugar de residencia en un determinado lugar, serán controladas por los CCFF SE.Y las de participar en programas…, u otros deberes convenientes para la rehabilitación social, se controlarán por los servicios de gestión de penas y medias alternativas.

También se podrá condicionar a:

–         Cumplir lo acordado en caso de mediación.

–         Pago de multa que acuerde el Juez o Tribunal (no superior a dos cuotas por cada día de prisión).

–         Realización de TBC

Se mantiene la posibilidad de que el Juez o Tribunal durante la suspensión acuerden la imposición de nuevas prohibiciones o deberes, modifique las acordadas o las deje sin efecto.

El art. 86 del Anteproyecto regula la revocación de la suspensión, que en la legislación actual se contiene en los arts. 84 y 85, manteniéndose los motivos actuales, y añadiendo el incumplimiento de las condiciones que se pueden imponer (Cumplir lo acordado en caso de mediación, pago de multa que acuerde el Juez o Tribunal (no superior a dos cuotas por cada día de prisión, ó realización de TBC), o el incumplimiento del compromiso de pago de la RC o de dar información exacta y veraz sobre el destino de los objetos sobre los que se acuerde comiso.

Antes de revocarse la suspensión, y si el incumplimiento de las prohibiciones, deberes o condiciones, no fuera grave o reiterado, podrán imponer unas nuevas o modificar la que ya estaban impuestas, ó prolongar el plazo de la suspensión hasta un máximo de la mitad de la duración del que inicialmente se impuso.

En caso de revocación, los pagos de la multa o los días de TBC impuestos como condición para la suspensión) realizados, se abonarán al cumplimiento de la pena.

En el supuesto de toxicomanía para que se produzca la remisión definitiva del apena, será necesario no delinquir en el plazo de la suspensión, y acreditar la deshabituación o la continuación en ele tratamiento. En caso contrario tendrá que cumplir la pena, salvo que, oídos los informes correspondientes conceda una prórroga del plazo de la suspensión por un plazo no superior a dos años.

Si dentro del primer año, una vez vencido el plazo de suspensión, el penado fuera condenado por un nuevo delito cometido dentro del referido plazo de suspensión, esta será revocada siempre que así se haga dentro de un plazo de seis meses desde la firmeza de la nueva condena.

SUSTITUCIÓN DE CONDENA: El anteproyecto dice que se modifica el art. 88 de la actual regulación (el que se refiere a la sustitución general de las penas) y lo sustituye por una nueva redacción en al que solo se refiere la sustitución de las penas de prisión impuestas a un ciudadano extranjero. Entiendo que es un error, que la redacción de la actual art. 88 se mantiene y la que se modifica es la del art. 89.

Respecto a la sustitución de penas de prisión de los extranjeros se producen importantes cambios:

–         Se elimina la referencia a extranjero sin residencia legal en España.

–         Serán sustituidas la penas de prisión de más de un año

–         Si la pena impuesta fuera de tres años, o fueran varias que excedieran de tres años, el Juez o Tribunal acordará la ejecución de todo o parte de la pena, siempre que fuera necesario para “asegurar el orden jurídico y establecer la confianza en la vigencia de la norma por el delito infringido”.

–         No se producirá la sustitución si la expulsión resultase desproporcionada a la vista de la circunstancias del hecho y del autos (especialmente su arraigo en España)

–         Se mantiene: el plazo de 5 a 10 años en que el extranjero no puede volver a España; el archivo de los procedimientos administrativos sobre autorización para residir en España; el retorno si es sorprendido en frontera y el cumplimiento de las penas sustituidas si es detenido en España; la posibilidad de internamiento judicial si no estuviera privado de libertad; y la imposibilidad de sustitución de las penas impuestas por los delitos de los arts. 312,313,318, a los que se añade los del art. 177 bis.

ARTICULO 90 Y SS (SUSPENSIÓN DEL RESTO DE LA CONDENA. HASTA LA FECHA LIBERTAD CONDICIONAL)

  • La gran novedad es que la LC se convierte en una suspensión de lo que resta de condena, y le son de aplicación los criterios generales de las suspensiones que se regulan en los arts. 80 y ss. del CP.
  • Especifica criterios de valoración. Alguno de ellos se venían teniendo en cuenta pero no aparecían en el texto de la ley: “personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrán verse afectados por una reiteración del delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueron impuestas.”
  • Los supuestos de adelantamiento a los 2/3 de la condena y de 90 por año cumplido sobre los 2/3, dejan de ser excepcionales.
  • Se añade un supuesto nuevo que se tilda de excepcional: 1ª condena de -3 años a la ½ de la condena. Este supuesto me plantea una duda, ya expresamente y como es obvio exime del requisito general de haber cumplido las ¾ partes de la condena, pero también exime del requisito de haber “desarrollado actividades laborales, culturales y ocupacionales, de forma continuada…” que se exige para el adelantamiento a las 2/3 partes, pero no se refiere al resto de los requisitos por lo que parece que los exige. No es de aplicación a los delincuentes sexuales.
  • El plazo de duración de la suspensión será el establecido en el art. 81, y no podrá ser inferior a la parte pendiente de cumplimiento (p.e. si tengo una condena de 8 años y me dan la LC a las ¾ y me establecen una plazo de suspensión de 5 años, transcurridos los dos años que me quedan de condena, todavía tendría 3 más durante los cuales si delinco tendría que cumplir el nuevo delito y la totalidad del tiempo disfrutado en LC, es decir 2 años).
  • Si hay revocación se pierde el tiempo disfrutado en LC y se ha de volver a cumplir la condena desde la fecha en que se suspendió.
  • Una vez que se resuelva sobre la LC, si se denegase, no se volverá a estudiar hasta pasados, al menos 6 meses que motivadamente se podrá ampliar hasta un año.
  • En el supuesto de terrorismo y delitos de organización criminal se requiere que “el penado demuestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades, bien  para impedirla producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas …”
  • A los delitos terroristas y organización criminal no les son de aplicación los supuestos de adelantamiento a las 2/3 partes, ni ek de los 90 días, ni el excepcionalísimo de ½ de la condena para condenas de -3 años.
  • Modifica ligeramente la regulación sobre la RC, al exigir que “no de cumplimiento conforme a su capacidad al compromiso de pago de las responsabilidades civiles”.
  • En los supuestos de enfermedad grave incurable distingue entre “enfermos graves con padecimientos incurables” y peligro patente para la vida del interno, no exigiendo en este último supuesto que se acredite el cumplimiento de ningún otro requisito salvo la valoración de la falta de peligrosidad del penado y el informe pronostico final a emitir por el centro penitenciario.

ARTICULO 92. REVISION DE LA PENA DE PRISION PEMANENTE.

  • A los 25 años, sin perjuicio de lo establecido en los art. 78 bis.
  • Estar clasificado en 3º
  • Valoración por el Tribunal de la “personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrán verse afectados por una reiteración del delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueron impuestas.”, con informes de evolución del centro penitenciarios y los que el propio tribunal determine, de la existencia de un pronóstico favorable de reinserción.
  • En los supuestos de terrorismo se requiere que “el penado demuestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades, bien  para impedirla producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas …”.
  • El plazo de suspensión será de 5 a diez años.
  • La revisión, una vez extinguida la parte de la condena a que se refiere el art. 78 bis, la realizará el Tribunal, de oficio, con una perioricidad de, al menos, 2 años. Si la pide el penado y se le rechaza, el Tribunal establecerá un periodo de hasta un años en el que no se dará curso a sus solicitudes

MEDIDAS DE SEGURIDAD: Desde mi punto de vista, lo más significativo es que se abandona la perspectiva médica y/o curativa que en el CP de 1995 se les había dado, para pasar a ser un instrumento para intentar controlar la presumible peligrosidad de las personas que han cometido algún delito. Además el JVP deja de tener competencias en la ejecución de las medidas de seguridad.

El art. 95 añade un tercer requisito para su aplicación: “que la medida sea necesaria para compensar, al menos parcialmente, la peligrosidad”, y modifica la forma de entender el principio de proporcionalidad (En la redacción actual se dice que si la pena que se hubiere podido imponer por el delito no fuere privativa de libertad tampoco lo podría ser. La propuesta habla de que la medida a imponer ha de ser proporcional a la gravedad del hecho cometido, a la gravedad de los que se prevé que pueda cometer y a la peligrosidad del sujeto).

Art. 96. Añade la custodia de seguridad entre las medidas privativas de libertad, y entre las no privativas de libertad se elimina a referencia a no residentes legalmente en España en la expulsión del territorio nacional de extranjeros, y la inhabilitación de profesional pasa a ser prohibición para el ejercicio de actividad profesional.

Art. 97. La actual redacción de este artículo, pasa a ser el art. 103 del Anteproyecto, y el art. 97 de este prevé que en caso de que se puedan imponer varias medidas de seguridad, se impondrá la menos grave, salvo que fueran necesarias todas o algunas de ellas para “prevenir suficientemente la peligrosidad del sujeto” en cuyo se impondrán todas las necesarias conjuntamente.

Los arts. 101 a 104 del actual CP, pasan a ser los arts. 98,99 y 100, del Anteproyecto se dedican a la regulación del internamiento en centro psiquiátrico, centro de educación especial, y centro de deshabituación, respectivamente, dando una regulación y procedimiento específicos para su ejecución:

Art. 98 Anteproyecto: Internamiento en Centro Psiquiátrico:

–         Para el caso de eximente completa o incompleta de trastorno o alteración psíquica.

–         Previsión de comisión de nuevos delitos

–         Peligro para la sociedad.

–         El internamiento será en régimen cerrado en caso de: 1) peligro relevante de quebrantamiento, y/o 2) peligro de comisión de nuevos delitos

–         Duración no superior a 5 años, salvo prorroga. Vencido el plazo, y la medida sigue siendo necesaria, a petición de la Junta de Tratamiento, el Juez o Tribunal podrá acordar la prolongación de la medida por periodos sucesivos de cinco años.

–         Si la medida se da por extinguida, se impondrá la libertad vigilada, salvo que no resultara necesaria.

Art. 99 Anteproyecto.

–         Para el caso de eximente completa o incompleta del art. 20.2º CP.

–         Previsión de comisión de nuevos delitos

–         Peligro para la sociedad.

–         El internamiento será en régimen cerrado en caso de: 1) peligro relevante de quebrantamiento, y/o 2) peligro de comisión de nuevos delitos

–         Duración no superior a 5 años, salvo prorroga. Vencido el plazo, y la medida sigue siendo necesaria, a petición de la Junta de Tratamiento, el Juez o Tribunal podrá acordar la prolongación de la medida por periodos sucesivos de cinco años.

–         Si la medida se da por extinguida, se impondrá la libertad vigilada, salvo que no resultara necesaria.

Art. 100 Anteproyecto.

–         Para el caso de comisión del delito por grave adicción al alcohol, a las drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras que produzcan efectos análogos.

–         Se prevea que se evitará la comisión de nuevos delitos, y existan indicios de que superara su adicción o que durante un periodo de tiempo relevante no caerá de nuevo en el consumo

–         Centro especializado, y si fuera necesario hospital psiquiátrico

–         El régimen de vida se ajustará a las circunstancias concretas del sujeto y a su evolución.

–         Duración: regla general no superior a dos años, prorrogable hasta el límite de la pena impuesta, o si no su hubiera impuesto hasta cinco años.

La modificación más relevante es que en la actual regulación la medida no puede exceder del tiempo que hubiera durado la pena de haberse le impuesto, y que si la pena prevista para el delito no fuera privativa de libertad la medida tampoco lo podría ser, y en el Anteproyecto, se fija una duración genérica no superior a 5 años, que puede ser prorrogada, a petición de la Junta de Tratamiento, por el Juez o Tribunal por periodos sucesivos de cinco años, sin límite alguno.

El art. 102 del Anteproyecto, establece que en caso de imposición de una pena junto a una medida de internamiento de las reguladas en los arts. 98,99 ó 100 del Anteproyecto, la medida se cumple antes de la pena, y el tiempo de cumplimiento de aquella se abonará al cumplimiento de esta hasta el límite de las ¾ partes (el actual art. 99 prevé el abono total de la medida a la pena), si bien la cuarta parte restante podrá ser suspendida en su ejecución por el Juez o Tribunal en caso de que su cumplimiento pusiera en peligro lo conseguido con la medida (en este caso si hay revocación tendrá que cumplir el ¼ de pena suspendida, y si no hubiera sido concedida la suspensión. no se le volverá a estudiar hasta pasados, al menos 6 meses que motivadamente se podrá ampliar hasta un año, y será de aplicación las reglas generales sobre suspensión de penas de los arts. 81 y ss).

Si hubieran transcurrido más de dos años desde que se impuso la medida de internamiento, sin que se hubiera llevado a cabo, el Juez o Tribunal volverá a verificar la necesidad de la medida.

En el caso de medida de internamiento en centro de deshabituación, junto a una pena de más de 5 años, el Juez o Tribunal puede acordar que se cumpla primero una parte de la pena y luego la medida de seguridad (la suma de la parte de la pena que se obligue a cumplir en primer lugar, sumada a la medida de seguridad tiene que ser igual a las 2/3 partes de la pena total impuesta. Vencido esta parte de la pena le será de aplicación todos lo dicho para la suspensión del resto de la pena en el párrafo anterior.

Si la medida que se hubiera impuesto fuera la custodia de seguridad, cumplida la pena, y antes de dar inicio a aquella, si no resultare necesaria se suspenderá y se impondrá una medida de libertad vigilada

En aso de que la medida impuesta, junt a la pena, fuera la libertad vigilada, aquella se cumple antes que esta.

El art. 101 del Anteproyecto contiene la regulación de la nueva medida de custodia de seguridad:

 –         Se impone además de la pena que corresponda, siempre que:

  • Se cometa un delito contra la vida, la integridad física, la libertad, la libertad o indemnidad sexual, tráfico de drogas, delitos cometidos con violencia o intimidación sobre las personas (incluidos los patrimoniales), delitos contra la comunidad internacional, delitos de riesgo catastrófico o incendio, y delitos de terrorismo.
  • Haber sido condenado con anterioridad por uno o varios de los delitos relacionados, a una pena mínima total de dos años, de la que se hubiera extinguido ya en prisión (incluido tiempo en régimen abierto), al menos, dieciocho meses.

Pena mínima de cinco años, con comisión de varios delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, la libertad o indemnidad sexual, contra la comunidad internacional, ó terrorismo

  • Pronóstico (probabilidad futura que se inferirá de la valoración conjunta de las circunstancias personales del penado, de los delitos que hubiera cometido y de las circunstancias que concurrieron en estos) de comisión de nuevos delitos de los relacionados

–         No se computan las condenas en caso de que hubieran transcurrido más de cinco años entre su imposición y la comisión del nuevo delito, excluyendo el tiempo que hubiera estado cumpliendo una medida privativa de libertad o una pena de prisión, aunque hubiera estado sido en régimen abierto).

Si se computarán as penas impuestas por Tribunales de la UE, y los de cualquier otro país si se cumplen los principio del art. 6 del Convenio Europeo de Derecho Humanos.

–         Lugar de cumplimiento: en establecimiento especial conforme a plan individualizado de tratamiento, ó en establecimiento de cumplimiento de penas y fuera necesario o conveniente para su reinserción.

–         Duración: 10 años. Una vez vencido el plazo se impone libertad vigilada con una duración máxima de cinco años.

Como ya se dijo al referirse al art. 97 del actual CP, el art. 103 del Anteproyecto, reproduce el contenido del citado art. 97 actual, pero eliminado la posibilidad de sustituir la medida por otra que estime más adecuada, y obligando al Juzgado o Tribunal a imponer la libertad vigilada durante un plazo máximo de cinco años en caso de suspensión dela medida.

La revisión sobre el mantenimiento, cese o suspensión dela medida la puede realizar el Juez o Tribunal en cualquier momento, pero en el caso de centro de deshabituación se pone un límite temporal máximo de seis meses, en el caso de centro psiquiátrico o de educación especial de un años, y en el caso de la custodia de seguridad de dos años (este plazo podrá ser inferior si así se fija por el Juez ó tribuna, sin que se atiendan las peticiones de la persona sujeta a revisión si lo hiciera antes del plazo fijado o del límite máximo establecido en la ley).

Los arts. 103 bis, y 103. Ter, regulan la revocación de la suspensión de la medida y para ello exige:

–         Comisión de nuevo delito

–         Incumplimiento de obligaciones o condiciones de la libertad vigilada

–         Incumplimiento de la obligación de comparecer y facilitar información al funcionario encargado del seguimiento del cumplimiento dela medida.

–         Se conozcan datos que de haberse sabido al suspender la medida no se hubiera concedido dicha suspensión

–         En los internamientos psiquiátricos: si durante la libertad vigilada se manifieste riesgo de comisión de nuevos delitos. Con carácter previo a la suspensión, y en caso de signos de empeoramiento de la salud mental del sometido a la medida, el Juez o Tribunal podrá acordar el internamiento por tres meses que puede ser prorrogado por otros tres.

En estos casos el internamiento no podrá exceder de los 5 años previstos (sumados todos los periodos) salvo prorrogas del internamiento conforme al art. 97.3

–         El último párrafo contiene una expresión inquietante: “Ejecutada la medida de libertad vigilada sin que hubiera sido acordada la revocación dela suspensión, quedará extinguida la medida de internamiento inicialmente impuesta”.

 Los arts. 104 a 106 del Anteproyecto, regulan la medida de libertad vigilada, actualmente regulada en el art. 106 (introducida en nuestro código penal por LO 5/2010, de 23 de junio),

 –         Se impone en los siguientes casos:

  • Este prevista expresamente para el delito cometido
  • Imposición de una pena de más de un año de prisión.
  • Que del hecho delictivo y de las circunstancias personales de autor se deduzca la posible comisión de nuevos delitos, y que la medida sea necesaria para compensar, al menos parcialmente, su peligrosidad
  • En caso de absolución con aplicación de eximente completa del art. 20.1, 2 ó 3, ó incompleta en relación a esos mismos preceptos, además de que del hecho delictivo y de las circunstancias personales de autor se deduzca la posible comisión de nuevos delitos, y que la medida sea necesaria para compensar, al menos parcialmente, su peligrosidad
  • Cuando se suspenda una medida de seguridad privativa de libertad
  • Cuando extinguida la libertad vigilada impuesta, se estime necesaria para compensar el riesgo de comisión de nuevos hechos delictivas.

–         Las obligaciones concretas en que consiste la LV se regulan en el art. 104 bis del Anteproyecto y aunque amplia la relación del actual art. 106, lo hace con obligaciones parecidas o similares, además de establecer un apartado residual por el que el Juez o Tribunal pueden imponer por el tiempo que estimen oportuno otras obligaciones y condiciones (salvo que pudieran resultar desproporcionadas al caso), especialmente las que se refieren a la formación, trabajo, ocio, o desarrollo de su actividad habitual

–         Su duración será de tres a cinco años, frente a la actual duración que por un tiempo no superior a cinco años.

En los supuestos en que la libertad vigilada se haya impuesto como consecuencia de la suspensión de una medida de seguridad, o por condena por un delito contra la libertad o indemnidad sexual, y se hubieran producido anteriores incumplimientos relevantes de las obligaciones y condiciones impuestas de los que pudiera inferirse que el sujeto cometerá nuevos delitos, la duración se podrá prorrogar por plazos sucesivos de hasta cinco años cada uno de ellos

–         El Juez o Tribunal de oficio, a instancia de los servicios de ejecución de penas y medidas alternativas, o de la propia persona sometida a la medida, podrá alterar o modificar las obligaciones y condiciones impuestas cuando resulte necesario o conveniente a los fines de la medida, o cesarla cuando ya no resulte necesaria

–         Las obligaciones de custodia familiar o residencial y de sometimiento a dispositivo electrónico, serán revisadas con una periodicidad máxima de un año. Respecto al resto, cuando resuelvan la revisión de la medida a instancia de sometido a la misma, pueden fijar un plazo no superior a un año en el que no resolverán sobre las peticiones de dicha persona.

–         La libertad vigilada se suspende en caso de ejecución de pena o medidas de seguridad privativas de libertad, continuándose una vez se extingan estas.

–         Si durante la ejecución de una libertad vigilada se acordara otra, se acumularan en una sola, que no podrá ser superior a la suma de ambas, ni en cualquier caso a siete años, sin perjuicio de las prorrogas previstas para los supuestos en que la libertad vigilada se haya impuesto como consecuencia de la suspensión de una medida de seguridad, o por condena por un delito contra la libertad o indemnidad sexual.

–         Si al acordarse la suspensión de una pea de prisión o al concederse a un penado la LC estuviese pendiente de cumplimiento una medida de LV, se incluirán en esta las obligaciones y condiciones que hubieran motivado la suspensión o la LC. En este caso el plazo de su duración no podrá ser inferior al tiempo fijado para la suspensión. En estos casos, el incumplimiento grave de la LV llevará consigo la revocación de la suspensión o de la LC si se hubiera producido dentro del tiempo de la suspensión.

 El art. 107 del Anteproyecto, como el el 107 del actual CP, regulan la medida de inhabilitación profesional, manteniendo la misma redacción, salvo que el Anteproyecto concreta que dicha medida se cumplirá conforme a los arts. 42,44 ó 45 CP

 El art. 108 del Anteproyecto, mantiene la redacción del actual art. 108, pero suprimiendo la alusión a “extranjero no residente legalmente en España”.

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