Abogados Contra La “Doctrina Parot”: “Estrasburgo Ha Puesto Una Luz De Salida A Un Túnel Negro”

Seis años después de que la inventara el Estado español -paradójicamente en un momento en que su gobierno conocía que se avecinaba un alto el fuego de ETA y que iba a aflorar un proceso de negociación con meses de recorrido-, en marzo llega la hora decisiva para la “doctrina Parot”. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizará el día 20 si ratifica la sentencia de julio que no solo declaró ilegal la extensión de la condena a Inés del Río, sino que tumbó toda esa doctrina que ha sido aplicada a casi un centenar de presos en estos años. Y con ello, Estrasburgo puede marcar un punto de inflexión en la política penitenciaria estatal. Pero Didier Rouget, que dirige la demanda de la presa tafallesa en colaboración con Amaia Izko, saben que no será fácil. Sobre todo porque, consciente de su debilidad argumental tras el fallo unánime de julio, el Estado español ha decidido jugar esta partida a grande y cuestionar la jerarquía de la decisión europea, argumentando que no tiene competencias sobre el caso, para lo que puede contar con el apoyo de otros estados reticentes al pronunciamiento del Tribunal Europeo. Así están las cosas a 80 días vista de esa cita que marcará, para bien o para mal, este 2013.

Empezando por una cuestión técnica, ¿qué es lo que se analizará el 20 de marzo? ¿Todo el caso desde el principio o solo los fundamentos jurídicos? ¿Parten de cero?

Didier ROUGET: No se trata de una apelación al uso, sino que las partes pueden alegar todo lo necesario para esclarecer el caso, aportar elementos nuevos… no hay límite. En ese sentido sí se revisa desde el principio, pero lo que ocurre, y esto es muy importante, es que la sentencia de julio es modélica, está muy bien construida, así que nuestra parte reiterará sus argumentos. Es una sentencia que marca un terreno de discusión muy claro.

El Estado español dijo que cuestionaría la competencia del Tribunal Europeo para decidir sobre esto. ¿Lo ha hecho al final?

Amaia IZKO: Sí, esa es su alegación principal, pero es que en realidad ese es también el meollo de la cuestión. Argumenta que se trata de un caso de mera ejecución de sentencia, y en este sentido efectivamente el Tribunal Europeo no había entrado hasta ahora en ese terreno, lo consideraba vedado. Ahora también lo señala, pero añade que no se trata de una mera ejecución de sentencia, sino de algo más de fondo: se imponen condenas más largas de las que en su día se decretaron en una forma que la persona condenada nunca pudo en modo alguno prever. Tanto nosotros como la sentencia de julio decimos que no es ejecución de sentencia.

D.R: Podemos decir que el Estado español forma parte de los nuevos «malos alumnos» de Europa. Cuando las sentencias no le gustan, lo que hacen es cuestionar los poderes del Tribunal Europeo. Es la visión más reaccionaria. Entre otras cosas, alega que carece de un mecanismo de ejecución para cumplir las sentencias europeas. Con ello, hace un trabajo de zapa para impedir que la Justicia internacional sancione a los estados. Pero hay que recordar que el Tribunal Europeo lo forman 47 estados, de Portugal a Andorra, de Turquía a Rusia, cada uno con un juez… Todo esto tiene que ver también con la crisis ideológica en Europa, y que de alguna manera provoca un rechazo al tribunal.

A.I: Por decirlo coloquialmente, hay estados que argumentan que Europa se está saliendo de madre. Son los que nunca han querido que Estrasburgo tenga demasiadas competencias. Y es en ellos en los que se apoyará el Estado español.

D.R: Otro factor es que el propio tribunal está en constante transformación, lo que amplifica estas pugnas entre los progresistas y los conservadores. Los magistrados del Tribunal Europeo se jubilan a los 60 años, por lo que hay cambios constantes. El presidente actual de la Gran Sala es Dean Spielmann, de 50 años, luxemburgués. Con todo, las presiones de los estados tienen una influencia relativa. Por ejemplo, en este caso el juez español, Luis López Guerra, no ha coincidido con los intereses del Gobierno español. En la Gran Sala habrá 17 jueces de los 47 que conforman el Tribunal Europeo. Y entre ellos estarán algunos de los siete que aceptaron nuestro recurso sobre Inés del Río en la instancia anterior.

Si la Gran Sala confirma el fallo de julio, ¿es el fin de la «doctrina Parot» con toda certeza?

A.I: Nos resulta imposible medir hasta qué punto está dispuesto a llegar el Estado español. Lo que sí sabemos, porque lo estamos viendo día a día, es que está poniendo toda la carne en el asador para evitar cumplir la sentencia y revertir la situación. En términos jurídicos, el Estado español ya no puede hacer gran cosa: la sentencia de julio es profunda, contundente, incontestable porque entra a todos los detalles. Si la Gran Sala dictaminara lo mismo, la doctrina estaría, en términos jurídicos y desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales, absolutamente muerta. Pero nuestra duda seguirá siendo la misma: ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para mantener la aplicación de la doctrina? ¿Hasta dónde estarían dispuestos a retratarse tan claramente como vulneradores de los derechos fundamentales? Y de cualquier modo, en ese caso habría que ver también si toda la Judicatura está dispuesta a seguirles ciegamente por ahí y cuál podría ser la respuesta desde otros ámbitos no solo sociales, sino también jurídicos.

D.R: Durante años y años, el Tribunal Europeo ha elaborado sentencias con gran peso sobre conflictos políticos: las hubo en el norte de Irlanda, contra Rusia por matanzas en Chechenia, contra Turquía por destruir casas de los kurdos… No solo dictamina sobre casos jurídicos generales, sino sobre situaciones concretas. Ahora vemos que también está pasando en Euskal Herria, también llegan condenas por vulneraciones de derechos humanos y se empiezan a repetir: Martxelo Otamendi, Mikel San Argimiro, Aritz Beristain… Son casos que pueden marcar un punto de inflexión.

¿El fin de la lucha armada está cambiando la visión europea?

D.R: Parece evidente que en ese nuevo contexto Estrasburgo ya no es tan proclive a cubrir las espaldas al Estado español, no está dispuesto a mirar tanto para otro lado.

Tras la sentencia de julio, ¿cómo resumen la actuación del Estado español? La doctrina ha pasado por diferentes instancias y ha seguido manteniéndose con alguna excepción, ¿pueden explicarlo?

A.I: En realidad es sencillo. Nada más producirse la sentencia de Inés del Río, quien marca la pauta a todos los poderes del Estado es el ministro del Interior, que sale inmediatamente para decir que no la van a cumplir. Es llamativo y significativo que lo haga antes incluso que el ministro de Justicia. Y también que anuncien un recurso sin conocer siquiera el contenido de la sentencia. A partir de ahí, lo que hacemos es pedir la libertad de los presos sometidos a la doctrina en la Audiencia Nacional en el Tribunal Constitucional, dado que se les castiga por procedimientos anteriores a esta sentencia de Estrasburgo que ha dicho que la situación es vulnera- dora de derechos, y recordamos que el tiempo de más pasado en prisión no se podría compensar, de modo que hay que ponerles en libertad. Lo que pedimos concretamente es la suspensión de la decisión de mantenerlos en prisión. En agosto el Constitucional dice que no, siguiendo el argumento del ministro del Interior de que la sentencia europea no es firme, y a partir de setiembre otro tanto hace la Audiencia Nacional en varios pronunciamientos. Aunque sea tímidamente, en el último fallo vemos que se despiertan algunas voces críticas en el mundo jurídico, porque hay dos votos particulares.

Con la excarcelación de Fernando Díez Torre pensamos en el primer momento que quizás podía haber una pequeña apertura, pero no fue así. La sentencia que se conoció luego se apoya en una tesis del Tribunal Constitucional y no en la sentencia de Estrasburgo. Obviamente, con esta actitud de mantenimiento de la doctrina lo que también busca el Estado es presionar al Tribunal Europeo. Es su órdago.

Así se llega al caso de Ramón Uribe, hace apenas tres semanas, la primera aplicación de la «doctrina Parot» tras el rechazo europeo. ¿Qué supone?

D.R: Para mí, una provocación. Saben que todo el pueblo ha preparado un ongi etorri y esperan a última hora para decir que no. Es apuntalar el mensaje del Gobierno, no aplicamos la sentencia, pero hacerlo además como soldados, sin vacilar, sin atender a las realidades, y con una provocación añadida.

Como abogados, cuando van a visitar a un preso que está a punto de cumplir condena pero puede sufrir esta aplicación, ¿qué le dicen?

A.I: Mirándolo con perspectiva, la doctrina es un auténtico túnel negro. Hay que subrayar que en estos casos las penas ya son fortísimas, estamos hablando de 30 ó 40 años de cumplimiento íntegro. Y a eso le añaden el efecto sicológico sobre el preso y sus familias, que es brutal cuando te dicen que después de estar tantos años en condiciones tan duras te prorrogan la condena todavía unos años más. Lo hacen cuando las familias ya están esperando a su compañero, a su hijo, a su madre, cuando ya tienen preparada su habitación. Esta es la situación que han padecido desde 2006 hasta 2012 aquellos y aquellas presas a quienes se ha aplicado la doctrina, y ahora podemos decir al menos que la sentencia de Estrasburgo ha puesto una luz de salida a ese túnel, una esperanza.

No obstante, todo esto se puede leer también desde el sentido contrario. Todo ha sido muy negro, pero yo destacaría la entereza y la fuerza con que esos presos y sus familiares han hecho frente también a esta doctrina, además de todo el resto de vulneraciones que sufren. Hay que remarcar que esta doctrina pretendía y podía haber sido la puntilla para ellos, porque es algo brutal, y si no lo ha sido es precisamente por esa fuerza y todo ese apoyo.

D.R: Por eso, en el nivel del debate político creo que este asunto tiene que ser también una prioridad, un punto central. Y es muy importante y muy urgente construir un muro de solidaridad contra la doctrina.

A.I: Los abogados somos conscientes de la importancia de esta apuesta para el Estado. No hay más que ver que la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2011 la situaba como una pieza fundamental de su lucha. Por eso no solo hay que combatirla en los tribunales.

¿Contemplan la hipótesis de que Europa tumbe definitivamente la doctrina pero el Estado español siga negándose a acatarlo? ¿Podría argumentar, por ejemplo, que no tiene ese mecanismo de ejecución que han citado?

D.R: El Estado español dice que carece de él, pero en el seno del Convenio Europeo ya hay un mecanismo de control de que las sentencias se cumplen. También hay un comité específico que se encarga de vigilarlo; por ejemplo, de si se pagan las indemnizaciones. En el peor de los casos, es un comité que puede hacer presión sobre los estados e incluso sancionarlos.

A.I: En el caso de Inés del Río, no habría ya duda alguna: tendría que ser excarcelada, y eso es muy fácil, la Audiencia Nacional revoca el auto por el que la mantiene en prisión y el asunto se ha acabado. A partir de ahí, si insistieran en evitar excarcelar al resto de los presos, nos tocaría hacérselo insostenible. ¿Estarían realmente dispuestos a tener a 60 personas en prisión cuando la mayor instancia europea les ha dicho que eso es ilegal? ¿Los jueces y magistrados españoles argumentarían que eso no va con ellos? Si esa fuera su apuesta, nosotros haríamos la nuestra. Estamos dispuestos a ir a Estrasburgo con todos los casos, uno a uno, ya hemos presentado una veintena de recursos. ¿Estaría el Estado español dispuesto a que le condenen hasta 60 veces antes que dar su brazo a torcer?

Gara

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