Prisiones En Llamas: La COPEL Y Los Presos Sociales En La Transición

Hace 35 años, en pleno proceso de transición hacia una democracia todavía por definir, los últimos ocupantes de las prisiones franquistas se rebelaron contra el olvido al cual se los condenaba. Los presos comunes, siguiendo el ejemplo de los políticos, protagonizaron un efímero pero contundente movimiento de revuelta para reclamar su libertad. A pesar de que sus reivindicaciones no fueron escuchadas, el impacto de este zarandeo en el sistema penitenciario fue enorme. Conocerlas nos puede ayudar a recordar que todavía hay prisiones, más que nunca.

El 20-N de 1975, mientras en Madrid se ultimaban los detalles de la capilla ardiente del general Franco, en el penal del Puerto de Santa María un recluso se preguntaba en voz alta, al conocer la noticia: “¿habrá Amnistía? La República decretó una Amnistía General, y las cárceles quedaron vacías, en un borrón y cuenta nueva. Y ahora, tras casi cuarenta años de dictadura franquista es de esperar ¡y con más motivo! que se haga nuevamente justicia, decretándose una Amnistía General al desaparecer el dictador”. El testimonio de Tomás Falcón, recogido en sus memorias, refleja un sentimiento muy extendido entre los más de 15.000 presos (la inmensa mayoría hombres) que había entonces: la esperanza que la nueva etapa que se abría comportaría la libertad para los presos políticos; pero también, como era su caso, un indulto general que beneficiara el grueso de los presos que estaban encerrados por delitos comunes, principalmente robos de poco valor, y que habían sido perseguidos y juzgados con severidad por unas leyes y unos tribunales dictatoriales.

Los primeros pasos hacia el tejado

Después de un primer indulto muy parcial que no satisfizo a nadie y que sólo sirvió para dejar patente la necesidad y la urgencia de verdaderas señales de apertura, la amnistía política –a pesar de que con cuentagotas– llegó el julio de 1976 de la mano de Adolfo Suárez, empujado por la presión de la calle. En cambio, el indulto general que los presos comunes esperaban ansiosos, no acompañó la medida de gracia aprobada por Suárez. Esta marginación encendió los ánimos en la prisión de Carabanchel, donde el 31 de julio de 1976 los presos comunes protagonizaron una huelga de talleres y un plante en el patio que, debido a la intervención de la policía, derivó en un motín. La imagen de los reclusos en los tejados pidiendo la libertad a gritos apareció, por primera vez, imprimida en todos los diarios, invitando los presos a otros centros penitenciarios a sumarse. La protesta fracasó a corto plazo, pero creó un precedente.

Unos meses más tarde, en la misma prisión, un reducido grupo de presos comunes que habían participado en la acción de julio decidieron ir un paso más allá y crear, en la clandestinidad, la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL): una asociación de presos sin filiación política, pero muy influenciados por el clima de reivindicación del momento, que pretendía convertirse en la portavoz de las demandas de todos los presos sociales, en referencia a la nueva identidad que se otorgaban a partir de ligar las causas que los habían empujado a delinquir con las carencias de una sociedad pobre, clasista y excluyente, como la franquista. En febrero de 1977 la COPEL salió a la luz y se conocieron sus proclamas: una amnistía general para todos los presos, reforma drástica y urgente del Código Penal y del Reglamento Penitenciario, abolición de las jurisdicciones especiales, empezando por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (nueva versión de la Ley de Vagos y Maleantes), así como la depuración del cuerpo de funcionarios, el fin de los abusos y la mejora de las condiciones de vida, entre otros.

Esta insólita iniciativa recibió el apoyo de sus familiares y abogados, de algunos intelectuales y, en general, de simpatizantes de las causas marginales, que en aquellos días salían a la calle reclamando visibilidad después de cuarenta años de ostracismo (desde las homosexuales a las personas recluidas en manicomios). Se trataba, en buena parte, de gente joven, cercana al pensamiento libertario y que se movía alrededor de una CNT acabada de reconstituir. Pero el apoyo de estos grupos, y a pesar del interés de algunos de los nuevos medios de prensa, pocas personas se los tomaron seriamente, y menos todavía las autoridades penitenciarias, que no reconocieron la a COPEL como interlocutora. Mientras tanto, sus reivindicaciones se extendieron desde Madrid a todas las prisiones como una mancha de aceite, alimentando todavía más las expectativas de unos presos comunes que veían como sus compañeros de reclusión por motivos políticos salían amnistiados y ellos se quedaban entre rejas en espera de juicio o cumpliendo condena.

Auge y declive

La situación hizo un tumbo el 18 de julio de 1977, cuando de nuevo a Carabanchel centenares de presos se amotinaron en demanda de libertad y reformas profundas del sistema penitenciario. En la prisión madrileña la siguieron, en días posteriores, más de un millar de reclusos distribuidos por decenas de prisiones de todo los territorios del Estado. De Oviedo a Cádiz, de Zamora a Palma, en prácticamente todas las prisiones importantes se produjeron motines, incendios y autolesiones en apoyo del grito encabezado por los presos madrileños. Después de la batalla –como se calificó el asalto de los antidisturbios a la prisión haciendo uso de un helicóptero y dinamita–, una cosa quedó clara: los presos estaban dispuestos a luchar hasta el final para conseguir que se les reconociera su condición de víctimas de la dictadura y su derecho a beneficiarse del cambio de régimen que apenas un mes antes las primeras elecciones parlamentarias en cuarenta años acababan de ratificar.

Durante los siguientes meses protestas de todo tipo llenaron las páginas de los diarios: huelgas de hambre, plantes, autolesiones colectivas (cortes en los brazos y el abdomen de forma coordinada) y motines, muchos motines, se registran durante la segunda mitad de 1977 y la primera de 1978. En la Modelo de Barcelona, donde un grupo de presos hacía tiempo que se identificaba con las consignas de la COPEL aunque no siguiera fielmente el dictado de Madrid, también hubo varios incidentes. El más importante se vivió el 29 de octubre, cuando en pocas horas diversas galerías quedaron destruidas por la acción del fuego y la rabia de un grupo de presos desbocados. El resultado, en este y tantos otros casos, fue el traslado inmediato de los líderes de la protesta y un refuerzo en la vigilancia de unas prisiones que si ya eran bastante inhóspitas antes, después de los motines no merecían otro calificativo que el de inservibles.

Pero mientras en las galerías la actividad era constante, en los despachos del Ministerio de Justicia el ritmo era otro. Se tiene que reconocer que se modificaron algunos artículos del Reglamento Penitenciario y el nuevo director general de Instituciones Penitenciarias anunció una reforma del sistema, pero las promesas sonaban lejanas y los hechos no corroboraban los anuncios. El aislamiento de los miembros más activos de la COPEL en el Penal de El Dueso (Cantabria), como si poniendo todas las manzanas podridas en un mismo cesto se pusiera fin al problema, y la persistencia de maltratos por parte de los funcionarios de prisiones con la más absoluta impunidad, no cumplía, más bien al contrario, ninguna expectativa de cambio. Uno de estos episodios marcará un punto y aparte en la historia de las protestas. La muerte a golpes de porra de Agustín Rueda, un joven anarquista de Sellent simpatizante de COPEL, en Carabanchel el 14 de marzo de 1978, dejó en evidencia el talante de la vieja guardia del funcionariado. Una semana más tarde, el asesinato del director general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad, por parte de los GRAPO, acabó de situar las prisiones en el ojo del huracán.

El nuevo director general que sustituyó Haddad, Carlos García Valdés, accedió al cargo en el momento más delicado de la historia de las prisiones al Estado español. Su currículum como abogado progresista y su tono conciliador fueron muy bien recibidos por casi todas las partes (COPEL incluida), pero bien pronto la realidad lo superó. Rechazada la propuesta de indulto propuesta por los senadores Bandrés y Xirinacs, sólo quedaba reformar las prisiones, pero con sus ocupantes dentro, y estos no estaban dispuestos a dejarse doblar sin mostrar resistencia. Ante la proliferación de motines, incendios y túneles, García Valdés cambió rápidamente la actitud dialogante por la mano de hierro que asegurara el orden necesario para aprobar lo que tendría que convertirse en su gran legado: la reforma de las prisiones. Una nueva etapa que empezará, a nivel teórico, con la aprobación a finales de 1979 de la primera ley orgánica de la democracia (no por casualidad, sino por la urgencia que los presos habían provocado con sus acciones).

En este intervalo la COPEL hizo aguas por todos lados. Ningún factor explica por si solo la decadencia de la Coordinadora, pero todos contribuyeron. A la represión ensañada contra sus líderes a base de aislamiento y continuos traslados, se sumó una atomización de las tendencias dentro del movimiento, que acabaron con la efímera unidad de acción inicial, tan difícil de mantener. Todo ello, causa y efecto del cansancio atribuible a dos años intensos de luchas sin resultados destacables a corto plazo. El mismo agotamiento presentaban sus escasos apoyos en la calle, a los cuales pasaron factura la progresiva desactivación de la movilización social después de los Pactos de la Moncloa, así como hechos menos abstractos y más penetrantes como la criminalización del mundo libertario a través de agentes infiltrados, como en el Caso Scala. La deriva de la COPEL se convirtió en auténtico naufragio cuando, a la cabo de muy poco, la heroína empezó a circular masivamente y los presos, como toda aquella generación de jóvenes desencantados con un futuro que no era como se lo esperaban, quedaron atrapados en la adicción.

Un epílogo conflictivo

Como era de esperar, con el fin de la COPEL no acabaron, ni mucho menos, los conflictos. La lista de motines, incendios y agresiones durante los próximos años es inacabable, pero, a diferencia de los años anteriores, cuando la mayoría de estos actos tenían una finalidad reivindicativa clara, con la decapitación del movimiento la violencia sin un propósito definido se extendió como una plaga. El degradado clima de convivencia en unas prisiones cada vez más masificadas, carentes de los mínimos servicios necesarios para vivir, y dónde, salvo la difusión del consumo de drogas, prácticamente nada había cambiado, ayudó decisivamente a forjar el espíritu del nuevo periodo. En este ambiente, que perdurará durante bastantes años, se desplegará (demasiado despacio y sin recursos) una ley penitenciaria que tenía que reformar de arriba abajo las prisiones para que nadie reconociera la herencia franquista que arrastraban, a la vez que las adaptaba a los nuevos designios democráticos. Objetivo demasiado ambicioso, que sólo con el paso del tiempo se conseguiría muy parcialmente.

Cinco años después del estallido y posterior desaparición de la COPEL, todavía hubieron varias huelgas de hambre –seguidas por miles de reclusos– en demanda de una reforma penal que aligerara la situación del gran porcentaje de preventivos que esperaban juicio durante bastantes meses y, incluso, años. Pero el alarmismo social de la inseguridad ciudadana pedía sacrificios; había que limpiar las calles de indeseables, aunque fuera al precio de hacer imposible la vida entre rejas, como otra oleada de feroces motines evidenció unos años más tarde. No sería hasta muy entrada la década de los noventa cuando los gobiernos del PSOE se aplicaron a fondo en la reforma pendiente, que asentaría las bases del sistema penitenciario del final de siglo XX que sigue vigente, y dónde hoy están encerradas tantas personas (más de 70.000) como en la inmediata posguerra. A pesar del tiempo transcurrido, el Leviatan penitenciario continúa tragando sus presas.

* * *

 ¿Se podrían volver a producir unos acontecimientos como los que acabamos de repasar? Subirán, de nuevo, los presos a los tejados? Después de la sorpresa inicial por la intensidad y la fuerza de la protesta (más todavía en contraste con el olvido a que estos hechos han sido arrinconados por las versiones “oficiales” de la transición), las preguntas sobre sí sería posible una nueva oleada de amotinamientos surgen con fuerza. Parece poco probable, pero no del todo imposible. Si el movimiento de presos pudo tomar tanto voladizo fue gracias a la confluencia de varios factores que no están presentes en el momento actual. Entonces, la prisión era fuertemente cuestionada por el uso descarado que la dictadura había hecho contra los opositores antifranquistas, detrás de las reivindicaciones de los cuales los presos comunes forjaron su discurso. La coyuntura de cambio de régimen político facilitó la expresión pública de las quejas, apelando al sentimiento popular que ellos también querían “empezar de nuevo”. Así mismo, la antigüedad de los edificios y la ineficiencia en su gestión ayudaron que las chispas saltaran de prisión en prisión hasta prender fuego a todo el mapa penitenciario durante muchos meses seguidos.

Ninguno de estas circunstancias se da hoy en día. El Estado está fuertemente anclado al poder y, a pesar de la crisis económica, nada hace pensar en una crisis de modelo político a corto plazo. En esta hegemonía la prisión tiene un peso importante en la coerción y el control social, pero relativo en comparación a otros aparatos (financieros, laborales, etc.). Y, para lo que aquí interesa, a penas tiene contestación social, puesto que es invisible a ojos de la mayoría de la población. Por último, actualmente el sistema penitenciario ha conseguido por fin modernizarse, y a pesar de arrastrar deficiencias estructurales, como la carencia de espacio y de presupuesto para actividades formativas, donde no se han escatimado recursos es en mecanismos de seguridad y vigilancia, que hacen muy difícil la consecución de ninguna protesta que vaya más allá del propio cuerpo (huelga de hambre o autolesión individual).

Aun así, las dificultades para organizar un movimiento más o menos masivo y unitario no han impedido la reproducción de actas de protesta aisladas cada cierto tiempo contra los abusos a qué son sometidas los reclusaos (en materia laboral o violencia física y exceso de autoridad, por ejemplo). Tampoco son infrecuentes, especialmente en los últimos meses, las noticias –siempre confusas– de conatos de protestas debidas a la alteración de la orden de la prisión por el bloqueo ejercido por los propios funcionarios o los efectos de los “recortes” en la vida cotidiana de los presos. Dos aspectos que, según algunos autores anglosajones (y la realidad parece darlos la razón), pueden alterar el precario equilibrio interno de las prisiones y avivar unas brasas que, todo y la sombra de los muros, nunca se acaban de enfriar completamente.

El rumbo que tome la política penitenciaria respecto a los presos de ETA y sus consecuencias entre el resto de la población penitenciaria, o la articulación de algún tipo de protesta colectiva a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), como de hecho ya está sucediendo, a buen seguro que nos hará recordar las protestas de los presos sociales de la transición y, quizás, en aquellos episodios encontramos las respuestas en los retos que nos deparo el futuro.

César Lorenzo Rubio

[Audio] Historia De La Lucha Carcelaria: COPEL Y APRE

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