ASAPA: Las Personas Presas Ven Cómo Sus Derechos Se Convierten En Ficción Inalcanzable

La salud no puede ser un simple servicio sujeto a debate sobre sus “formas de gestión eficiente” y mercantilización elitista. Ni mucho menos. Privatizar la sanidad, como cualquier otro derecho fundamental, es un crimen. Quizá no sea un delito porque las leyes las hacen los mismos que luego retiran derechos a discreción, bajo pretexto del célebre “vótame cada cuatro años, que yo haré con tu vida lo que me dé más lucro”. De ese modo, el número de no-personas crece en nuestra sociedad, por obra de un régimen de gobierno que establece por decreto qué cuerpo es “legal” y quién no, qué persona vivirá dignamente y quién no, o más aún, quién de nosotros y nosotras vivirá. Y quién no.

Por eso las y los extranjeros pobres son las “menos personas”. Por eso, del mismo modo que han sido los más explotados y encarcelados durante la última década, ahora son los condenados a no tener salud. Si el proyecto es hacer negocio con la sanidad, los primeros expulsados del negocio han de ser aquéllos que no servirán como “clientes potenciales” al afán de lucro de su gestor mercantil. Y detrás vamos todos los demás. Del mismo modo que la explotación crece y el paro nos tira a la basura, los derechos fundamentales convertidos en negocio se volverán inaccesibles para más y más gente. Y mientras todo eso ocurre, las personas presas, excluidas entre las excluidas, ven cómo también en su encierro se pierde el último atisbo garantista, cómo sus derechos se convierten en ficción inalcanzable.

El ministerio de Interior decide recortar el tratamiento de la hepatitis a una población presa. Uno de cada cuatro presos sufre hepatitis C, casi diez veces más que fuera de los muros, pero nuestra muy garantista Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decide establecer un “cupo” con listas de espera y excluir a los presos preventivos. ¿Qué nombre hay que poner a una muerte evitable bajo custodia de la administración? ¿Qué es lo evitable y qué no lo es? La sentencia de 29 de octubre de 2012 del Tribunal Constitucional resolvió que las personas enfermas y sin recursos pagaran por comer en prisión, incluidas entre otras las enfermas de SIDA receptoras de pensión no contributiva. Desde el pasado 1 de enero, las prisiones de Murcia I, Jaén, Valladolid o Madrid I, entre otras, han visto recortado el servicio médico: de las 24 horas a un horario exclusivamente matinal. Son sólo algunos ejemplos, y el motivo es estrictamente económico en todos los casos. La consecuencia ya la podemos imaginar. La conclusión es clara: los pobres son “no-personas” a ojos de esta forma de gobierno. Las “no-personas” son prescindibles. Si, además, esas “no-personas” caen presas, entonces son perfectamente sacrificables en el altar de la “austeridad presupuestaria”. No es vergonzoso, es un resultado más de la serie de crímenes económicos de estado perpetrados contra la mayoría de la población.

Sobran los motivos para decir “basta ya”. La salud no es un negocio, la salud es un derecho universal. Dentro y fuera de los muros de unas prisiones cuya población es, en su inmensa mayoría, víctima de la misma injusticia que las políticas de recortes siguen agravando.

Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón (ASAPA)

Ver también:

Interior Pone “Cupos” Para Tratar A Presos Con Hepatitis Por Los Recortes

La Atención Sanitaria Especializada En Centros Penitenciarios Está En peligro

Comunicado Ante La Supresión De Asistencia Médica Presencial En Centros penitenciarios

Los Ajustes Del Capitalismo. Represión Y Gasto Social En La Cárcel

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