Los Presos Cordobeses Y Andaluces Llevan Un Año Sin Abogados De Oficio

15.775 personas presas afectadas por una guerra entre administraciones. El Consejero de Justicia ha dado excusas distintas para no reanudar el Servicio.

La APDHA se concentra en la Prisión de Córdoba exigiendo la inmediata reinstauración de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica (SOAJP). Se informa a los familiares y amigos de los presos de la situación animando a que éstos se movilicen en prisión.

Las personas privadas de libertad en los 20 establecimientos penitenciarios andaluces, trece centros penitenciarios ordinarios y siete centros de inserción social, están desatendidos jurídicamente por la falta de voluntad de la Consejería de Justicia en la financiación del Servicio. En el último año de funcionamiento del servicio fue utilizado por más de la mitad de los presos, en concreto se realizaron 9.000 asistencias.

Los objetivos y funciones del servicio se articulaban en torno a dos conceptos fundamentales: el garantismo (en tanto en cuanto velar por el cumplimiento de los derechos de la población reclusa) y la reinserción social (en tanto en cuanto insistir en el desarrollo de las posibilidades recogidas en la legislación penitenciaria para llevar a cabo un real y efectivo tratamiento respecto de las personas condenadas a penas de prisión). Además facilitaba la orientación de cuestiones no penitenciarias como familia, trabajo o cualquier otra, tramitando tras la consulta la designación de un abogado de oficio especializado, garantizando, por tanto, la igualdad de oportunidades respecto a un ciudadano libre, que puede solicitarlo libremente.

Las personas presas que pueblan las prisiones andaluzas provienen en sus ¾ partes de las barriadas más excluidas de las ciudades,  la gran mayoría carecen de recursos económicos (son pobres), sobre el 80% son drogodependientes, el 8% padecen enfermedades mentales graves y el 40%  trastornos mentales y de personalidad, el 1% son analfabetos y el 10% analfabetos funcionales.

La Consejería de Justicia adoptó el 17 de abril de 2012 la decisión de notificar a los Colegios de Abogados de Andalucía la suspensión de los SOAJP, debido a la falta de firma, por parte del Ministerio del Interior, de la necesaria renovación del Convenio de Colaboración que se había elaborado en el año 2008 entre Consejería, Ministerio y Colegios de Abogados. Desde el 2001 hasta el 2008 se había funcionado sin la participación del Ministerio.

La APDHA presentó contra dicha decisión una queja con más de 1.000 firmas de presos ante el Defensor del Pueblo Andaluz, así como queja ante el Estatal. Se organizó una campaña con otros colectivos sociales, realizándose concentración en el Parlamento Andaluz, preguntas parlamentarias y petición de comparecencia del Consejero de Justicia,… (Más información en http://www.reanudacionsoajp.es)

La primera excusa de la Consejería fue pues la necesidad de firma del Convenio por el Ministerio del Convenio. Reunidos con el Consejero de Justicia se comprometió con la APDHA que si el Ministerio comunicaba que el servicio se podía seguir prestando sin su firma del Convenio, éste sería renovado con los Colegios. Dicho documento se consiguió y le consta a la Consejería. Con posterioridad, una vez que esta excusa fue desmontada, han venido otras: que era imprescindible dicha firma para coordinarse mejor, que  si el servicio no era necesario porque los presos estaban atendidos por juristas funcionarios de prisión, defensor del pueblo, fiscales y jueces de vigilancia… De manera incoherente se afirmaba por el Consejero la buena valoración del servicio y su deseo de renovarlo.A modo de conclusión, el Defensor del Pueblo Andaluz, en fecha 10 de diciembre de 2012, comunicó que las excusas manifestadas no eran suficientes para la suspensión del SOAJP, acogiendo nuestra petición. Señaló que:

“A esta Institución le parece el SOAJP un Servicio esencial para que la población penitenciaria esté debidamente atendida desde el punto de vista de la información y asistencia jurídica, a lo largo de todas las fases de la ejecución de sus penas privativas de libertad.

Por nuestra experiencia de años atendiendo quejas de prisiones, sabemos de las enormes carencias informativas que padece esta población, sin que los juristas penitenciarios puedan resolver las consultas y peticiones que les pudieran presentar los internos, no sólo porque la mayor parte de sus funciones sean las de asesoramiento jurídico en general para la Dirección de los establecimientos penitenciarios y sus órganos colegiados, sino por el muy escaso número que representan en la plantilla de funcionarios de prisiones.
Por todo ello creemos que las propuestas que se nos ha formulado deben ser debidamente consideradas y estudiadas ante la eventualidad de un bloqueo indefinido del Convenio Tripartito por parte de la Administración Central y deben buscarse fórmulas alternativas para la reanudación del Servicio.
Conviene recordar que bajo la vigencia y aplicación de dichos convenios bilaterales, el S.O.A.J.P. ha funcionado durante 6 u 8 años, según los casos, a plena satisfacción y con el patrocinio y financiación de esa Consejería”.
Toda la información sobre la campaña en: www.reanudacionsoajp.es

Córdoba, 13 de abril de 2013

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: