El Derecho A La Defensa En Las Prisiones

La prisión no es un entorno donde las personas pueden defenderse por sí mismas ni es un medio que garantice los derechos humanos. Andalucía es la única Comunidad Autónoma que entre sus recortes, y desde hace un año, prescinde de la asistencia letrada en materia penitenciaria para las personas presas, contribuyendo a la realidad de que la justicia y la tutela judicial efectiva están garantizadas para las personas poderosas y con recursos económicos y no para todas las personas. Un sistema democrático y social debe remover todos los obstáculos que ahonden en esa realidad y garantizar el derecho de defensa en igualdad de condiciones para todo el mundo, en especial para los más excluidos. 

Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor número de personas presas, unas 16.200 de un total de 76.000. Entre el 70 y el 80% tienen problemas de drogodependencias que les han llevado a  delinquir.  Alrededor del 70% están en prisión por delitos relacionados con la drogodependencia (pequeños robos y tráfico de drogas a pequeña escala). En torno al 40% padecen algún trastorno mental y de la personalidad y sobre un 8%, enfermedades mentales graves . Una inmensa mayoría de las personas presas son personas que previamente han padecido situaciones de exclusión social : escasos o nulos recursos económicos, infravivienda, procedencia de barrios o zonas marginales, analfabetismo (un 1% de analfabetos totales y un 10% de analfabetos funcionales) o escasa formación básica, ausencia de formación o experiencia laboral, otros miembros de su familia en prisión . Con este perfil socio-económico, son pocas las personas que se pueden costear asistencia letrada mientras están en prisión . Sin embargo, más de 16.000 personas presas de los trece centros penitenciarios ordinarios y seis centros de inserción social andaluces están, desde hace un año, sin asistencia letrada para temas penitenciarios.

La suspensión de los servicios de orientación y asistencia jurídico penitenciaria (SOAJP) se ha debido a una decisión política de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, excusándose en cuestiones formales que nada tienen que ver con la realidad.  Esto mismo le ha indicado el propio Defensor del Pueblo Andaluz y la Defensora Estatal.

La administración autonómica, que tanto critica los recortes del gobierno central, priva a los más excluidos de este derecho básico. Segura y precisamente porque, por regla general, las personas excluidas no tienen voz y la vulneración de sus derechos no equivalen a votos. Es un recorte fácil, pero inmoral para un Gobierno que se dice de Izquierdas.

Este servicio público prestado por los colegios de abogados comenzaba en junio de 2001, tras muchos años de lucha de colectivos de Derechos Humanos que reivindicábamos la necesidad de garantizar el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva para las personas presas, que son un colectivo especialmente excluido y vulnerable. Como Letrada he tramitado en los juzgados numerosas denuncias, recursos y quejas de personas presas que ponían en conocimiento de la APDHA hechos que no son nada desdeñables: malos tratos, abusos en la utilización de cacheos con desnudo integral en los controles de drogas dentro de prisión, sanciones de  aislamiento, pérdida en un año de hasta 14 citas médicas con el especialista por falta de conducción policial con una enfermedad grave como cirrosis hepática, excarcelaciones por enfermedades graves e incurables…

Que alguien sea condenado a una pena privativa de libertad no significa que deba ser privado de ningún otro derecho ni que las condiciones de cumplimiento supongan un sufrimiento equiparable al maltrato. Estar enfermo dentro de prisión, y más en estos momentos de recortes en los servicio sanitarios,  puede ser bastante peligroso. Peor cuando no existe posibilidad de defenderse ni de acudir a los tribunales si no se tiene capacidad económica. Unos 8 años lleva Manuel* padeciendo cólicos nefríticos continuos, tomando medicamentos con derivados de la morfina para soportar el dolor, sin haber conseguido que sanen su enfermedad. El motivo, aunque parezca irreal, es que se ha sometido durante años a exámenes médicos de diferentes hospitales, pero cada vez que está a punto de ser intervenido quirúrgicamente, ha sido trasladado a una prisión diferente, incluso a una comunidad diferente, debiendo comenzar de nuevo todo un periplo de pruebas y exámenes médicos en un nuevo hospital. Hace un año que conozco a Manuel, y ya ni recuerdo cuantos cólicos nefríticos ha sufrido durante estos meses. Manuel se encuentra actualmente en una prisión andaluza donde lucha por poder defender el derecho más básico que todo ser humano tiene, la dignidad. Manuel ha contado con nuestro apoyo legal y personal y ha conseguido, por ahora, no ser trasladado nuevamente de prisión y tener expectativas de ser operado. Como Manuel hay miles de personas presas, sin voz, sin asistencia legal penitenciaria, sin posibilidad de tenerla, ocultos, sometidos e indefensos ante lo que el sistema penitenciario les depare.

Resulta totalmente incongruente que la Junta de Andalucía interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales que ha aprobado el Gobierno estatal, por atentar contra el derecho a la igualdad y la tutela judicial efectiva, y que en una cuestión como la asistencia jurídica en las prisiones, que afecta a los mismos derechos y es competencia autonómica, no es que se recorte o se dificulte su acceso, sino que se suspende sine die como recorte encubierto. Por otra parte, no supone una merma importante de los recursos públicos. Indigna hablar de una partida, que además está consignada en el presupuesto, de tan sólo 397.600 euros para toda Andalucía.

Hoy en Andalucía, los derechos de las personas privadas de libertad son meros rehenes de intereses políticos, ajenos y contrarios a la función de protección y garantía de los derechos fundamentales que todas las Administraciones deben cumplir con las personas más vulnerables, y como andaluza me siento totalmente estafada por una Consejería de Justicia e Interior que no  entiende la Justicia como un derecho garantizable en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.

 * Nombre ficticio para proteger el derecho a la intimidad.

Maribel Mora Grande, APDHA

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