Comunicado Sobre El Indulto Concedido A Cuatro Mossos D’Esquadra Condenados Por Torturas

Las organizaciones abajo firmantes rechazamos la concesión del indulto porque su aplicación favorece la impunidad de la tortura y los malos tratos. Una impunidad denunciada reiteradamente por numerosas instancias estatales e internacionales y que ponen de manifiesto el grave déficit democrático que tiene nuestro país en materia de derechos humanos.

La tortura, los malos tratos y la violencia policial en nuestro país no sólo no disminuyen en cuanto a número, sino que su investigación demasiado a menudo es obstaculizada por instancias policiales y judiciales. Y cuando la evidencia es pública, como el caso de las imágenes grabadas en centros de detención, los culpables de estos delitos quedan impunes con la aplicación de la ley del indulto. Todo ello un círculo de impunidad muy difícil de romper por la falta de voluntad de los responsables políticos y por el débil compromiso de las instancias policiales y judiciales.

Es demasiado habitual que los funcionarios policiales condenados por delitos relacionados con la tortura y malos tratos sean indultados por el gobierno español. El caso que ahora ha salido a los medios es especialmente grave porque los indultados han sido perdonados por el gobierno en dos ocasiones y sobre el mismo delito. El mensaje que trasciende a la sociedad es que estos delitos no serán nunca castigados, y que la tortura y los malos tratos pueden llegar a formar parte de la práctica policial con toda normalidad, lo que tambalea  los principios de un estado de derecho democrático.

En este sentido, celebramos el posicionamiento que numerosos jueces han hecho de rechazo a la concesión de este indulto y cuestionando su aplicación abusiva en determinados tipos de delitos. Pedimos una vez más a las instancias institucionales, políticas y sociales de nuestro país un compromiso más firme en la lucha por la erradicación de la tortura en nuestro país y de rechazo a este tipo de medida.

Pedimos, también, al gobierno de la Generalitat de Catalunya, como máximo responsable político de los mossos d’esquadra, que empiece a cambiar de actitud ante el papel que últimamente está teniendo la policía catalana en cuanto al uso de la violencia policial y que busque una solución jurídica para evitar el retorno de los agentes condenados a tareas de carácter policial como muestra de su compromiso de tolerancia cero en este tipo de delito.


[1] Agrupa más de cuarenta organizaciones de derechos humanos del Estado español: Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura (ACAT) / Alerta Solidària / Asociación Apoyo / Asociación Contra la Tortura / Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos en Aragón (ASAPA) / Asociación EXIL / Asociación Libre de Abogados / Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia / Asociación PreS.O.S. Extremadura / Asociación PreS.O.S. Galiza / Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía / Associação Contra a Exclusão pelo Desenvolvimento / Associacció Catalana per a la Defensa dels Drets Humans / Associació Memòria contra la Tortura / Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos – Euskal Herriko Giza / Eskubideen/ Centro de Asesoria y Estudios Sociales / Centro de Documentación contra la Tortura / Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona / Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Balears / Comitè Anti Sida de Lugo / Concepción Arenal / Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà/ Coordinadora de Barrios/ Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas / Esculca (Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades) / Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea/ Etxerat! Euskal Errepresaliatu Politikoen Elkartea / Federación de Asociacions de Loita contra  a Droga / Federación Enlace / Fundación ÉrgueteIntegración / Gurasoak / Grupo 17 de Marzo Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos / Independientes / Justícia i Pau / Movemento polos Dereitos Civis / Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB / Oteando: Observatorio para la defensa de los derechos y las libertades / Rescat / SalHaketa-Bizkaia / SalHaketaAraba / Santurtziko Torturaren Kontrako Taldea / SOS Racisme Catalunya/ Subcomisión Penitenciaria del Consejo General de la Abogacía / Torturaren Aurkako Taldea / Xustiza e Sociedade de Galicia

Reproducimos aquí el comunicado de la asociación judicial “Jueces para la democracia” debido a la importancia que  damos al grave asunto del indulto concedido por el Gobierno cuatro mossos d’esquadra que habían sido condenados por torturas.

El gobierno ha acordado recientemente el indulto de cuatro mossos d’esquadra que habían sido condenados por torturas. Hay que recordar que contra los agentes habían sido dictadas inicialmente penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión. Y que el Consejo de Ministros decidió en febrero como medida de gracia la reducción de dichas penas a dos años de cárcel, con la expectativa de que los policías no entrasen en prisión. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona ordenó el ingreso en prisión por razones de prevención general y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y de alarma social. Los recursos presentados fueron desestimados. Y, ante esta situación, el gobierno ha decretado ahora un segundo indulto en el que conmuta las condenas de prisión por penas de multa, a pesar de la opinión de la Audiencia de Barcelona de que un segundo indulto supondría fraude de ley o abuso de derecho.

Desde Jueces para la Democracia consideramos que en un Estado de Derecho no resulta admisible que el Poder Ejecutivo pueda revisar de forma arbitraria las resoluciones judiciales. Además, todavía resulta más censurable que el indulto se aplique a conductas que representan un uso inaceptable del poder del propio Estado, cuando se dedica a través de sus agentes a infligir un trato degradante, como en el caso de las torturas. Con este tipo de medidas se suscita la perplejidad de la ciudadanía, que observa cómo delitos especialmente rechazables pueden obtener una impunidad poco comprensible. Del mismo modo, este tipo de indultos puede provocar en los agentes la sensación de que cometer estos delitos no va a tener consecuencias penales de entidad. Y, además, genera en los órganos jurisdiccionales la percepción de que sus resoluciones no acaban teniendo los efectos previstos en las leyes, con el consiguiente desánimo de jueces y fiscales, al constatar que ante determinados delitos se produce una frustración de las consecuencias previstas legalmente.

Al aprobar este tipo de medidas, que reiteran otras anteriores, el gobierno renuncia a la persecución penal efectiva de actos gravemente lesivos de la dignidad humana. Y de manera fraudulenta pretende convertirse en una especie de última instancia y apropiarse de las funciones inherentes al poder judicial. Ello representa una actuación contraria a la separación de poderes propia de nuestro Estado Constitucional. Y resulta difícil de concebir para la sociedad, al implicar la inmunidad injustificada de agentes que perpetran delitos en el ámbito de funciones estatales. Con semejantes decisiones se produce la quiebra de los principios de igualdad, justicia y seguridad jurídica que deben integrar nuestro sistema penal.

Por otro lado, Jueces para la Democracia quiere poner de manifiesto que el número creciente de indultos afecta cada vez más a cargos públicos y a policías, con lo que las medidas de gracia se están convirtiendo en un instrumento para que el poder se exculpe a si mismo. Y no podemos olvidar las numerosas dificultades que surgen en la investigación de estos procedimientos, lo cual contrasta con la circunstancia de, que cuando se producen condenas, acaben quedando en papel mojado por la aplicación de dichas medidas de gracia. A ello debe añadirse la insuficiente investigación de las denuncias por torturas en nuestro país, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En consecuencia, desde Jueces para la Democracia expresamos nuestra rotunda disconformidad con una utilización del indulto impropia de un sistema democrático y consideramos que con este tipo de medidas se está contribuyendo a la falta de credibilidad de nuestro Estado de Derecho. Asimismo, mostramos nuestra adhesión al manifiesto suscrito por cerca de 200 juezas y jueces que han expresado su disconformidad con el citado indulto.

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